Al-pi y Telefónica se repartirán los servicios públicos de voz y datos
La Generalitat estima que esta adjudicación le permitirá ahorrar seis millones al año
El Gobierno catalán resolvió ayer repartir entre al-pi, operador de telecomunicaciones de France Telecom participado en un 25% por la propia Generalitat, y Telefónica uno de los concursos de telecomunicaciones más esperado: el que decidía quién proporcionaría a la Administración catalana sus servicios de voz y datos. El Ejecutivo señaló que gracias a este proceso de adjudicaciones, por un importe total de 87,5 millones de euros, le permitirá contratar servicios más baratos. Según sus cálculos, el ahorro en los próximos cuatro años podría superar los 24 millones de euros.
Las adjudicaciones del contrato incluyen la conexión de voz de más de 2.700 edificios públicos, con más de 70.000 teléfonos, un volumen de seis millones de llamadas telefónicas mensuales y más de 15 millones de minutos de voz mensuales. El contrato comprende, además, la conectividad de la red corporativa de más de 1.000 edificios públicos.
"Lo más importante de todo es el hecho de que hemos creado un marco general que permite introducir mayor grado de competencia entre las empresas, y también mayor eficiencia, calidad y mejoras en los precios que pagamos por los servicios", explicó tras la resolución de las adjudicaciones Marta Continente, secretaria de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. El ahorro ronda, según la Generalitat, el 23% del volumen de gasto actual.
El Gobierno catalán decidió trocear todos los servicios informáticos, de Internet y telecomunicaciones en un largo y complejo proceso de selección jalonado de etapas que permitiera a más empresas optar a trabajar con la Administración. En el caso de los tres concursos de voz y datos resueltos ayer -dos de los cuales fueron a parar a Telefónica y el mayor, a al-pi- de hecho no cambiarán las empresas que trabajan para la Administración, "pero sí logramos una mejora de los servicios y también de precio", insistió Continente.
De los servicios de voz y videoconferencia corporativos y de los servicios de red inteligente de todos los centros públicos, valorado en 52,6 millones de euros, se encargará al-pi. Este operador, sobre cuyo futuro existen discrepancias dentro del Ejecutivo catalán, competía con Telefónica, aunque en una fase inicial se había interesado también el operador de cable Ono, en alianza con BT España. Pero Ono precisó ayer que no llegó a concursar.
Telefónica no se va con las manos vacías. El primer operador español ha ganado otros dos concursos, aunque de menor importe. El primero, valorado en 21,7 millones de euros en cuatro años, comprende prestar servicios de transporte y datos para centros de la Generalitat ubicados en poblaciones con más de 40.000 habitantes y los centros del área metropolitana de Barcelona. Competía con al-pi, mientras Ono sólo expresó interés inicialmente. El segundo concurso que se llevó Telefónica, por 13,2 millones, incluye los servicios de tranpsorte y datos para centros en municipios de menos de 40.000 habitantes y fuera del área metropolitana. Al-pi e Iberbanda también optaban.
El año que viene vencen los contratos de telefonía móvil y los de conexión de las redes sanitaria y educativa, que la Generalitat tiene contratados con Amena-Orange (France Telecom) y con Telefónica, respectivamente.
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