Promesas de Bruselas

La gira diplomática de la vicepresidenta Fernández de la Vega a Helsinki y Bruselas ha arrancado la solidaridad de la actual presidencia finlandesa de la UE y la promesa del comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, el italiano Frattini, de que trasladará a los Veinticinco la necesidad de ayudar a España para combatir la inmigración ilegal. El resultado de la gira no permite dar rienda suelta a un excesivo optimismo, pero al menos ha servido para que la vicepresidenta echara en cara a las autoridades europeas su complacencia frente a un problema que trasciende fronteras. Hace apenas tres meses, Fernández de la Vega regresó de la capital comunitaria satisfecha con las medidas urgentes anunciadas por la Comisión Europea, entre ellas un despliegue marítimo y aéreo de vigilancia en las costas canarias y de África occidental en el que participarían una decena de países miembros de la Unión. De lo prometido a la realidad dista un abismo. El operativo es raquítico y su puesta en marcha, muy lenta. No sorprende, pues, que la vicepresidenta haya transmitido a sus interlocutores su gran decepción por la falta de agilidad comunitaria, la escasa coordinación y la ceguera y la poca solidaridad de los Veinticinco para hacer frente a un problema común, que afecta primordialmente a España pero que es de todos.

La Agencia Europea para la Cooperación en las Fronteras Exteriores (Frontex) es uno de esos órganos comunitarios que cuando nacen son presentados como un hito en la Europa unida. Desgraciadamente, cuando deben actuar ante una crisis de calado se ven asfixiados de burocracia y secos de dinero; o si lo hay, está atado a muchas condiciones. El operativo europeo que iba a desplegarse en apenas 15 días ha tardado tres meses en arrancar. Estaba previsto que tuviera una duración de nueve semanas, pero la vicepresidenta ha obtenido el apoyo del comisario Frattini para que se prorrogue hasta fin de año. La promesa necesita todavía el respaldo del Consejo de Ministros de la UE. Para colmo, algunos de los efectivos, como ha ocurrido con una patrullera italiana que debía vigilar las costas de Senegal, se averían antes de iniciar la misión. Mientras, los inmigrantes indocumentados siguen llegando, los servicios de asistencia se desbordan y los políticos aprovechan para salir de caza y obtener algún rédito. Lamentable.

El Gobierno español, que en las últimas avalanchas de cayucos ha padecido cierta dispersión de acción y ha seguido una política informativa cuestionable, quiere convocar lo más pronto posible una conferencia de los países mediterráneos de la UE más Portugal con el fin de elaborar un modelo europeo de gestión de fronteras marítimas. No por mucho correr los frutos vendrán. La idea puede servir de poco si previamente no se prepara un listado de acciones comunes y, sobre todo, si no se logra aunar mucha más voluntad política en la UE.