Algo huele a podrido

Aplicar la mano dura por parte de las fuerzas del orden infringiendo la ley debe ser castigado por la justicia. Es verdad que a cualquier acusado le ampara en una sociedad democrática la presunción de inocencia. Con todo, algo huele a podrido en la ciudad alicantina de Torrevieja después de la cascada de acusaciones de abuso de poder y malos tratos que pesan contra la Policía Local. El Ayuntamiento, en manos del Partido Popular, parece empeñado en mirar para otro lado, a la espera de que la tormenta se calme. Es un error. Lo que el caso exige es transparencia y un compromiso claro y público de ir hasta el final en el esclarecimiento de los hechos.

Por las informaciones que están apareciendo, los atropellos de los policías locales son conocidos por buena parte de los casi 100.000 habitantes de una localidad que comienza a ofrecer algunas semejanzas con Marbella, sobre todo por la presencia desde hace años de mafias del Este, y que encabeza el índice de criminalidad más alto del país. El jefe de la policía municipal, Alejandro Morer, en el cargo desde hace 12 años, asegura estar empeñado en acabar con la delincuencia, pero no parece tener mucha confianza en la eficacia de la ley. Dos de sus hermanos, que trabajan con él, figuran entre los ocho agentes imputados por torturas en la investigación de la Guardia Civil y la instrucción abierta por la juez decana de la ciudad. Dos concejales del PP han sido también interrogados por presunta falsificación de partes médicos.

La investigación judicial ha servido para que salieran a la luz casos de presuntos abusos cometidos por los agentes de Morer contra delincuentes extranjeros, irregularidades en la contratación de funcionarios y desmanes contra simples ciudadanos. Lo peor es que la conducta de mano de hierro impuesta por el jefe de la Policía Local era conocida, aceptada y de algún modo hasta alentada por las autoridades municipales.

Sería un error, sin más información que la conocida hasta ahora, considerar que lo que investiga la Guardia Civil y la juez son hechos generalizables. Sin embargo, los cuerpos de seguridad deben ser los primeros en garantizar los derechos de las personas. Por ello, es necesario actuar de forma inflexible. El caso de Torrevieja y la investigación abierta en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, por supuestos abusos sexuales de agentes de la policía contra seis mujeres inmigrantes, traen a la memoria episodios que una sociedad democrática y avanzada no debe tolerar.