300 ayuntamientos congelan la revisión del catastro desde hace más de diez años

Cientos de vecinos y propietarios en general de bienes inmuebles en la localidad de Xábia llegaron a lanzarse a la calle el pasado mes de octubre para protestar contra el alza de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles que les giró el Ayuntamiento después de la revisión de los valores catastrales que se llevó a cabo en 2005 para actualizar las cantidades que se habían establecido en 1995. Los recibos se duplicaban y, en algunos casos, hasta se multiplicaban por cinco con relación al año anterior. La ley establece que los valores catastrales deben actualizarse cada cinco años, pero 300 municipios valencianos mantienen congelado el catastro desde hace más de una década.

Benidorm mantiene valores catastrales de 1990; Callosa d'En Sarriá y Dènia, de 1985

La desagradable sorpresa que se llevaron el año pasado los propietarios de bienes inmuebles en Xàbia desencadenó protestas populares, una ruptura del gobierno municipal y, finalmente, un relevo del alcalde.

A lo largo de toda la crisis, portavoces oficiales del catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, se limitaban a recordar que la revisión de los valores catastrales siempre es fruto de un convenio entre el municipio interesado y Hacienda. Y explicaban que los técnicos del ministerio actualizan el catastro de acuerdo con una serie de criterios que se pactan con las autoridades del ayuntamiento afectado.

El valor catastral no pasa de ser una referencia, pero tiene efectos fiscales. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la partida de mayor importancia en los presupuestos de ingresos de casi todos los ayuntamientos, se fija al multiplicar el valor catastral de cada inmueble por un coeficiente que establece cada municipio dentro de ciertos márgenes. Cuando se desató la oposición vecinal y posterior crisis política en Xábia, desde el catastro subrayaban que cada ayuntamiento tiene potestad para reducir los coeficientes que aplica para calcular el IBI.

Un portavoz oficial del catastro explica que la ley exige una revisión quinquenal. Y admite que el plazo medio de revisión de los valores catastrales en toda España es de unos siete años.

Pero en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Hacienda, 299 municipios, más de la mitad del total, mantienen vigentes valores catastrales que fueron estimados antes de 1996.

Las ciudades de Alicante y Castellón escapan al cómputo porque la revisión de sus catastros de produjo, por última vez, en 1996. La ciudad de Valencia también, porque actualizó su catastro por última vez en 1998.

Pero el Ayuntamiento de Benidorm, por ejemplo, mantiene los valores catastrales que se establecieron en 1990. El valor catastral medio de los inmuebles de la capital turística está ligeramente por debajo de los 50.000 euros. Lo mismo que en la localidad de Benidoleg, de apenas mil habitantes, que actualizó los valores de su catastro en 2003.

Las autoridades locales de Callosa d'En Sarrià mantienen los valores catastrales establecidos en 1985. Lo mismo que en Dènia. Una actualización después de 21 años sin ninguna revisión podría arrojar resultados sorprendentes. Lo mismo que en el municipio de El Campello, cuyo crecimiento desde la última revisión catastral, en 1986, ha sido espectacular.

Un total de 86 pueblos y ciudades medias de la provincia de Alicante mantienen valores catastrales fijados antes de 1996. En Castellón son 68. En Valencia, 145. Muchos son pueblos menores, pero también hay sorpresas.

Benetusser, uno de las localidades de la zona metropolitana de Valencia de mayor peso, mantiene valores catastrales establecidos en 1987. Almussaffes, al sur de la capital, mantiene los valores de 1994. Lo mismo que Chiva. O que L'Eliana.

Massalfasar, en la zona metropolitana, ha dejado de revisar su catastro desde 1985. Náquera, en la Serra Calderona, lo mantiene congelado desde 1990.

En la provincia de Castellón, en conjunto, los ayuntamientos son más formales. Sólo pueblos pequeños arrastran retrasos muy notables. Con excepciones, como Segorbe, que mantiene los valores catastrales de 1987. O Rosell, que no ha actualizado el catastro desde 1984.