Martínez dice que inició el trámite del edificio ilegal sin conocer las objeciones de los técnicos

La hoy alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), afirmó ayer que, como delegada de Urbanismo de El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1987, inició el trámite del proyecto del edificio declarado ahora ilegal por el Tribunal Supremo. Martínez explicó que remitió documentación a la Junta "porque tenía la obligación de mandar el proyecto para informar de él". También dijo que sólo dispuso de un informe del arquitecto municipal Fernando Jiménez Fornell, redactado el 20 de mayo de 1987, en el que no figuraban objeciones al proyecto propuesto por la promotora.

La firma de Teófila Martínez figura en dos oficios sobre el edificio fechados el 3 de junio de 1987. Estos documentos se sellaron un día antes de la autorización del proyecto básico en comisión de gobierno -reunión a la que faltó Teófila Martínez- y antes también de que el arquitecto municipal Manuel María Fernández-Prada añadiese sus objeciones al informe técnico inicial.

La entonces responsable de Urbanismo de El Puerto afirmó ayer que sólo tuvo acceso a un primer informe técnico que admitía el proyecto como lo proponía la empresa promotora. El segundo documento, el de Fernández-Prada, es una "ampliación del informe [previo]" y llegó cuando Martínez se encontraba fuera de la ciudad, por un compromiso familiar. "Yo no conocía este informe negativo, porque ¿cómo iba a conocer una cosa que un señor firma el día 4 [de junio de 1987]? (...) ¿Cómo lo voy a conocer si los miembros de la comisión lo conocen ese mismo día y por eso hay debate?", manifestó ayer la popular.

Teófila Martínez defendió además que la responsabilidad de los acuerdos de las corporaciones corresponde, según la ley de base de régimen local, "a los miembros de las mismas que lo hubieran votado favorablemente" y no al edil proponente, lo que la excusaría, según su argumentación, de cualquier responsabilidad.

El Ayuntamiento de El Puerto aprobó el proyecto técnico y el comienzo de obras el 10 de diciembre de ese año, cuando Martínez no era concejal portuense. La licencia de obras se concedió seis meses después.

En este sentido, Martínez insistió en que la sentencia del Supremo se refiere al acuerdo de 10 de diciembre de 1987, "un acto administrativo autónomo, distinto e independiente del de 4 de junio".

Rodríguez insiste

Por el contrario, el actual concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, de Independientes Portuenses (IP), afirmó ayer que, visto el expediente, "el dato clave es que la comisión del 4 de junio concedió, no sólo la aprobación del proyecto básico, sino la licencia urbanística con un informe en contra del técnico municipal". Para Rodríguez "la gravedad está en quién impulsó la tramitación del expediente".

El actual responsable de Urbanismo también insistió en que ha dado instrucciones al equipo jurídico del Ayuntamiento para que analice si de los hechos denunciados se pueden derivar responsabilidades, "incluso de carácter patrimonial". Rodríguez aludió a Ley de Responsabilidad Civil, que señala la posible imputación sobre actos realizados en el uso de cargo público "cuando hay dolo o se actúa con un informe contrario". El concejal reconoció sus dudas sobre si el caso ha podido quedar prescrito, al tratarse de un expediente de 1987, o si, por el contrario, "la fecha de partida es la de la notificación de la sentencia del Supremo", emitida en junio de este año.

Martínez rechazó estas tesis. "No tengo ninguna responsabilidad, ni política ni administrativa ni de ningún tipo. Es un montaje dirigido a procurar mi descrédito, para que aparezcamos todos los políticos como iguales, lo que no es cierto, porque esos mismos políticos son los que llevan tiempo haciendo de la política un oficio de alcantarilla", afirmó la alcaldesa.

Martínez no aludió a los organizadores de este "montaje", aunque sí señaló que Juan Carlos Rodríguez "ha sido colaborador necesario de una cacería que sigue". La alcaldesa anunció que mantiene su intención de presentar una demanda de conciliación contra el delegado de Urbanismo portuense.

Por su parte, el portavoz del PSOE en Cádiz, Rafael Román, criticó ayer la actitud de Martínez. Según el socialista, "la alcaldesa inició los trámites del expediente, por lo que ha mentido durante ocho días al decir que lo desconocía". Para Román, este hecho resulta suficiente para cuestionar la continuidad en la vida pública de Teófila Martínez. El representante socialista pidió a Martínez que explique por qué tramitó el expediente, por el procedimiento de urgencia, a sólo seis días de la celebración de elecciones locales.

Por último, Juan Carlos Rodríguez reconoció que al denunciar el caso, el pasado viernes 18, cometió "un error" al manifestar que la autorización con informe negativo fue dada cuando el responsable de Urbanismo era Indalecio Rábago, también del Partido Popular. Rodríguez pidió ayer "disculpas públicas" a Rábago por señalarle como responsable de la operación.