La firma de Martínez figura en dos documentos del edificio ilegal

La firma de la dirigente popular Teófila Martínez figura en dos oficios del 3 de junio de 1987 sobre el proyecto de construcción de un edificio declarado ilegal en El Puerto de Santa María (Cádiz). Estos documentos se sellaron un día antes de la autorización del proyecto básico. El PP desvinculó a la hoy alcaldesa de Cádiz de este caso porque la entonces responsable de Urbanismo de El Puerto había dejado el gobierno local. La oposición cree que estos documentos la implican en el permiso de obra.

Los dos documentos en los que figura la firma de Martínez están dirigidos a las consejerías de Obras Públicas y de Salud y Consumo. Informan del proyecto de "construcción de 172 viviendas, locales y urbanización".

La autorización del proyecto básico, a pesar de que el proyecto contaba con un informe contrario del arquitecto municipal, se realizó en una comisión de gobierno en la que no estuvo Teófila Martínez. El Ayuntamiento lo gobernaban entonces una coalición de PSOE y el AP (hoy PP). El Ayuntamiento aprobó el proyecto técnico y el comienzo de obras el 10 de diciembre de ese año, cuando Martínez no era concejal portuense. La licencia de obras se concedió seis meses después.

El PSOE e Izquierda Unida intentan vincular a Martínez con esta obra. Sin embargo, el presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, aseguró el pasado martes que a Martínez "ni legal ni jurídicamente se le va a poder atacar", ya que ella "no estaba en esa comisión de gobierno aunque fuera su propuesta". El PP aseguró, además, que la sentencia del Supremo "está referida a la Comisión de diciembre", en la que Martínez ya no era edil portuense.

La alcaldesa de Cádiz anunció ayer que hoy se pronunciará sobre el caso. "No hay peor cosa que tener que responder a un montaje", afirmó.

También tiene previsto hablar el edil de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, de Independientes Portuenses, quien el pasado viernes dijo que el Consistorio estudia reclamar a Martínez el millón de euros que el Supremo establece como indemnización por la construcción del bloque.