Tras el fuego

El empeño en magnificar la catástrofe de los incendios forestales con cálculos propios de la literatura de ciencia-ficción resulta tan ridículo que hasta puede ocultar las dimensiones reales de la devastación. El balance provisional de la Xunta de Galicia -cuyo rigor de método admiten incluso los científicos del CSIC, pese a no coincidir en las cifras- es suficientemente desolador: en sólo 12 días ardieron más hectáreas de monte en esa comunidad, al menos 77.000, que en todo 2005, que ya había sido el peor de los 15 años anteriores.

El Gobierno gallego se ha apresurado a dar la crisis por superada, pero el problema puede que no haya hecho más que comenzar. Al margen de que el fuego suele recrudecerse en esa comunidad en los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, urgen medidas para evitar que el desastre sea aún mayor si las cenizas acaban contaminando las aguas o la erosión desertiza los suelos más dañados.

La avalancha de fuego ha provocado en Galicia una conmoción social que, en cierta medida, recuerda a la que se vivió con la marea negra del Prestige. Esa toma de conciencia ciudadana -que quedó patente ayer con la manifestación contra el "terrorismo incendiario"convocada por la plataforma Nunca Máis, a la que acudieron miles de personas- debería ser aprovechada para afrontar decisiones de largo alcance a partir del diagnóstico que una mayoría de los expertos expone desde hace años. Es cierto que los incendios están relacionados con fenómenos sociales para los que no existen soluciones inmediatas, como la decadencia del mundo rural y de la función económica del monte. Pero los poderes públicos disponen de instrumentos para atacar algunas de las raíces del problema y mitigar sus consecuencias. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, promete una "revisión a fondo" de las políticas forestal y urbanística que equivaldría a poner orden en lo que lleva años descontrolado en Galicia: la forestación con especies de crecimiento rápido y los asentamientos de población diseminados hasta el infinito por todo el territorio.

La exigencia de responsabilidades políticas forma parte de la lógica democrática, aunque debería ser el resultado de la indagación de los hechos y no de ocurrencias demagógicas. Nada resultaría más alentador que la crisis sirviera también para que los políticos dejasen de acribillarse con teorías conspirativas. El PP las divulgó con insistencia cuando sus Gobiernos se vieron acosados por el fuego. Y socialistas y nacionalistas se pusieron entonces en el mismo papel de dama ofendida que interpretan ahora los populares. Unos y otros deberían limitarse a garantizar que se emplearán todos los recursos disponibles para determinar si detrás del flagelo de los incendios hay alguien o algo más que la triste galería de personajes detenidos en los últimos días.