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El Gobierno carece de un plan estratégico de subvenciones al que le obliga la legislación

Las tres diputaciones deben también elaborar sus respectivos documentos sobre ayudas

El Gobierno está incumpliendo desde hace ya tres años la Ley General de Subvenciones, aprobada en noviembre de 2003 y que obliga a todas las comunidades autónomas a contar con un plan estratégico en materia de subvenciones oficiales, que en Euskadi se halla todavía sin elaborar. Ese documento debe servir para coordinar e impulsar desde los distintos ámbitos competenciales las políticas públicas que resulten más eficaces y facilitar la evaluación de las que requieren y disfrutan de apoyos económicos institucionales. Los socialistas han interpelado en el Parlamento de Vitoria a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, sobre dicho incumplimiento legal.

La Ley General de Subvenciones fue aprobada por el Congreso de los Diputados en noviembre de 2003 y establece la obligación de elaborar planes estratégicos de subvenciones en su título preliminar. Parte de ella, incluido ese título preliminar, constituye legislación básica del Estado, por lo que las comunidades autónomas están obligadas a aplicarla, lo mismo que los preceptos de cada título que se detallan en la disposición final primera, mientras que los restantes no conciernen a las administraciones autonómicas.

Pese a ello, el Ejecutivo vasco aún no ha aprobado, casi tres años después de que se estableciese su obligatoriedad, dicho plan estratégico, que se considera un instrumento fundamental de coordinación, transparencia y rigor básicos en las ayudas que conceden las administraciones públicas.

El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la cuenta de Euskadi correspondiente a 2004 no menciona esta carencia. La aprobación de la ley en el Congreso estaba entonces demasiado reciente como para aplicarla a los presupuestos inmediatos. En cambio, es muy probable que en el informe de legalidad del ejercicio siguiente, el correspondiente a las cuentas de 2005, que está pendiente de elaboración, se convierta en uno de los reproches del órgano auditor al Ejecutivo.

También las tres diputaciones forales y los ayuntamientos deberían elaborar sus respectivos planes estratégicos en materia de subvenciones, pero a fecha de hoy sólo el Ayuntamiento de Vitoria, en manos del PP, cuenta con una ordenanza que lo esboza. En todo caso, la iniciativa debería partir del propio Gobierno, a juicio de la oposición. "Lo suyo sería que la Vicepresidencia, que ha de coordinar las políticas, lo impulsara y elaborara el del ejecutivo", estima la parlamentaria socialista Joana Madrigal, quien ha interpelado a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, sobre esta cuestión. La número dos del equipo de Juan José Ibarretxe tendrá que responder en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones sobre los motivos por los que no ha procedido a adaptar la legislación autonómica a la general del Estado y ni siquiera ha regulado, "aunque sea a efectos internos", nada sobre dicho plan estratégico.

La Ley General de Subvenciones sólo menciona la obligatoriedad de contar con el plan, pero son las propias autonomías las que tienen que decidir el detalle de su contenido, así como su duración en el tiempo.

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El documento vendría a poner orden en lo que Madrigal considera que resulta ahora "una política caótica. Nadie sabe exactamente todo lo que se está subvencionando".

"Muchísimo desorden"

"Hay muchísimo desorden y eso es porque no hay un único documento donde se contemplen todas las subvenciones", añade. De ponerse en marcha el plan, ello permitiría que las ayudas que conceden las distintas administraciones resultasen complementarias.

La parlamentaria socialista asegura que en estos momentos se pueden dar casos en los que una materia resulte doblemente subvencionada, sin que nadie lo advierta, e incluso, afirma, que haya actuaciones que estén recibiendo dinero por encima de su coste total.

"Ahora mismo eso es posible", recalca Joana Madrigal, "porque al no existir el plan estratégico pueden recibirse subvenciones públicas para el mismo objeto desde dos administraciones distintas: de una porque es la que tiene la competencia y de otra por la vía de fomento, que es la que está usando el Gobierno vasco para subvencionar, y además masivamente, en asuntos que no le competen".

La <b><i>vicelehendakari,</b></i> Idoia Zenarruzabeitia, junto a Azkarraga e Ibarretxe, durante un pleno del Parlamento.
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, junto a Azkarraga e Ibarretxe, durante un pleno del Parlamento.PRADIP J. PHANSE

Invasión competencial

El diagnóstico de la parlamentaria socialista sobre el uso de la vía del fomento para conceder subvenciones coincide con el que plantea el informe realizado hace unos meses por especialistas de la Universidad del País Vasco (UPV) por encargo de la Diputación de Álava. Dicho informe concluyó que el uso de la vía de fomento es el procedimiento por el que, sin necesidad de recurrir a cambios legales, se produce la mayor parte de lo que los poderes forales consideran invasiones competenciales.

Este trabajo pone de manifiesto la existencia de importantes ámbitos en los que no se respeta la distribución de competencias establecida en la Ley de Territorios Históricos (LTH). El Gobierno recurre, de forma cada vez más habitual, a la modificación del reparto competencial por medio de leyes sectoriales aprobadas en el Parlamento. Además, la proliferación de decretos del Ejecutivo regulando de manera exhaustiva cualquier materia y, especialmente, el recurso a las subvenciones en aspectos que no son de su competencia completan el cuadro de la invasión competencial.

Ley General de Subvenciones

ARTÍCULO 8.1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

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