Las sanciones penales contra menores se han multiplicado por 2,5 en un quinquenio

El número de medidas sancionadoras dictadas por los juzgados vascos contra menores de edad se ha multiplicado por 2,5 en el último quinquenio, pasando de las 411 que ordenaron en 2001 a las 1.054 que fallaron el pasado año. Las prestaciones en beneficio de la comunidad se sitúan a la cabeza de la lista de penas impuestas. Por detrás están la libertad vigilada y el internamiento. Este último caso responde, habitualmente, al delito de robo con violencia o intimidación, seguido de los casos de violencia familiar, según los datos del Departamento de Justicia.

En cinco años en Euskadi las medidas penales contra menores han aumentado en más del doble. ¿Significa esto que ha crecido la delincuencia entre quienes tienen menos de 18 años? "No puedo decir ni que sí ni que no", responde el director de Ejecución Penal de la consejería de Justicia, Xabier Etxebarria, no sin antes subrayar que en España en general existe "una carencia bastante importante de estudios criminológicos en comparación con los países anglosajones y nórdicos, donde tienen mucha más información sobre la realidad de la actividad delictiva".

De todas formas, Etxebarria apunta que una de las causas por las que ha subido el número de medidas sancionadoras es el cambio de la edad de responsabilidad penal dentro de la Ley del Menor. Hasta 2001 se situaba entre los 12 y los 16 años. A partir de ese momento se estableció entre los 14 y los 18. "La actividad delictiva en sendos tramos de edad no tiene nada que ver. La media de edad de comisión de un delito está en los 16-17 años", explica el director de Ejecución Penal del Gobierno vasco. "También cambia la gravedad del delito, porque el chaval de 14 años roba bicicletas y alguna moto, y el de 17 roba coches", añade.

Considera también, por la información que le transmiten los educadores y los técnicos, que en los últimos tiempos "se judicializan más los problemas" relacionados con los menores, es decir, que se denuncia más ante los juzgados y la Fiscalía, lo que se traduce en más medidas sancionadoras impuestas. Y pone un ejemplo: "Hace cinco años, una pelea en el patio de una escuela igual no se denunciaba, en cambio hoy puede que sí se haga".

Etxebarria realiza estos comentarios con un cuadro de datos delante, que recoge que en 2001 los jueces dictaron 411 medidas sancionadoras, frente a las 1.054 del pasado ejercicio. Durante el primer semestre de este año ya han ordenado 702.

Internamientos

La medida más aplicada contra los menores delincuentes es la de prestaciones en beneficio de la comunidad. Los jueces recurrieron a ella 506 veces el pasado año, frente a 123 hace cinco años. En los primeros seis meses de este ejercicio han optado por esta pena en 309 ocasiones.

En segundo lugar los jueces se decantan por la libertad vigilada: 135 sanciones en 2001; 201 en 2005 y 128 en el primer semestre de este año.

Le siguen los internamientos, que pueden ser en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Los jueces dictaron 63 en el año 2001, cifra que se duplicó ampliamente el año pasado (137) y casi lo hace en los primeros seis meses de este ejercicio (118).

Otras medidas adoptadas son la obligación de llevar a cabo tareas socio-educativas (95 casos en 2005), la permanencia en un centro de internamiento durante el fin de semana (66), el tratamiento ambulatorio (33), la asistencia a un centro de día (12) y el acogimiento (4).

La mayor parte de los menores que cumplen la pena de internamiento ha cometido un delito de robo con fuerza, violencia o intimidación. Pero cada vez son más los jóvenes con menos de 18 años que han de ingresar en un centro acusados de ejercer la violencia en el seno de la familia. "No diría que han crecido estos delitos o que es un fenómeno nuevo, pero sí que han aumentado las denuncias en los juzgados", insiste el director de Ejecución Penal. "Creo que pasa lo mismo que con la violencia contra las mujeres. Se da una especie de efecto contagio", opina.

Euskadi cuenta con un centro de internamiento de gestión pública ubicado en Zumárraga y con 34 plazas. A él hay que añadir tres centros de gestión privada que suman 26 plazas y tres pisos también de gestión indirecta con 12 plazas. Etxebarria reconoce que los trabajadores del centro público disfrutan de mejores condiciones laborales que los de los centros privados, "una diferencia" que el Gobierno vasco trata de "corregir". En cualquier caso, defiende la formación y profesionalidad de todos los trabajadores.