Los ediles de la oposición en El Puerto piden que la Fiscalía investigue las irregularidades contables

Los concejales de la oposición (IU, PP, y PA) en El Puerto de Santa María pidieron ayer la intervención de la Fiscalía ante las irregularidades contables detectadas por el Tribunal de Cuentas entre 1995 y 2000, cuando Independientes Portuenses gobernaba con mayoría absoluta y Hernán Díaz era alcalde. El portavoz socialista, Ignacio García de Quirós, socio de IP hasta la reciente condena de Hernán Díaz por prevaricación, dijo ayer que no conocía el informe contable "en detalle" y defendió que, en los años de mandato con IP, "ha habido una gestión transparente".

El informe contable advierte de que dos empresas privadas, a las que no identifica, se beneficiaron del 50% de los contratos de obra adjudicados por el Ayuntamiento y señala que la sociedad de fomento económico Impulsa El Puerto adjudicó proyectos sin concurso publico, usurpó la función del pleno en decisiones de planeamiento urbanístico y realizó gastos sin justificar por valor de, al menos, 180.000 euros.

El informe también señala que la empresa de vivienda, Suvipuerto, contrató promociones inmobiliarias sin publicitar la oferta y llegó a cobrar un precio superior al máximo permitido en construcciones de protección oficial, que es del 5%.

La portavoz del PP, Patricia Ybarra, aseguró que el estudio demuestra "la necesidad de que se investiguen y depuren hasta las últimas responsabilidades". El PP calificó de "caóticas la situación y las formas de gobernar de Hernán Díaz" y afirmó que, en los años auditados, el Ayuntamiento "contó con un interventor interino que fue nombrado a dedo" por el entonces alcalde.

La portavoz de IU, Pepa Conde, anunció una propuesta al pleno para que se "entregue toda la documentación" a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aseguró que, en caso de ser rechazada la iniciativa, será su propia formación la que entregue el informe al fiscal.

El andalucista Antonio Jesús Ruiz, afirmó que "algunas de las actuaciones recogidas en la auditoría son constitutivas de delito" y recordó que fueron informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Tribunal de Cuentas "los que abrieron la investigación judicial en Marbella".

El portavoz socialista eludió pronunciarse sobre el informe y se limitó a defender su etapa en la coalición.

El nuevo alcalde, Fernando Gago (IP) pidió "tiempo para analizar el informe". "Es muy denso y debemos hacer un análisis técnico antes de valorarlo", dijo. Gago envió ayer un escrito al presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, en el que solicita que, junto al informe, cuelgue en su página web las alegaciones municipales.

José Gijón, el gerente de Impulsa El Puerto, defendió la legalidad de las contrataciones directas y aseguró que los gastos sin justificar "están avalados por facturas entregadas al auditor, pero que no han sido aceptadas". Admitió que el tribunal ha rechazado "la practica totalidad de las alegaciones presentadas".