Multa de 1,6 millones de euros para la central nuclear Vandellòs II por descuidar su seguridad

El Ministerio de Industria ha impuesto a Vandellòs II tres sanciones que suman 1,6 millones de euros, la mayor multa de la historia del sector nuclear en España, por haber primado la productividad por encima de la seguridad y haber ocultado información sobre un grave problema de corrosión en los sistemas de refrigeración que sufrió en 2004. Endesa e Iberdrola, propietarios de la central, anunciaron ayer que recurrirán.

La central estuvo funcionando con los márgenes de seguridad reducidos durante 161 días. Los ingenieros de la planta tarraconense habían advertido ya en 1993 de la posibilidad de la avería. La central se detuvo el 25 de agosto de 2004 al quedar inutilizado uno de los dos sistemas externos de refrigeración. El reactor arrancó al día siguiente sin haber reparado la avería y usando el segundo sistema, lo que meses más tarde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) calificó de "disminución de los márgenes de seguridad". Este suceso les costó el cargo al gerente de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), Juan José Pérez Torrent; al director de Vandellòs II, Ángel Fernández, y al director de servicios técnicos, Ramón Sabaté.

La sanción responde a la petición del CSN, que en diciembre pasado concluyó que se había cometido tres faltas graves: por omitir información al CSN, por no haber reparado la avería una vez detectada y por incumplir las condiciones de autorización. El ministerio no ha impuesto la mayor multa posible, que era de 1,8 millones. El diputado de ICV, Joan Herrera, consideró ayer "ridícula" la multa, puesto que "las sanciones deben ser proporcionales a los ingresos". Los grupos ecologistas arremetieron contra la "tibia" sanción, argumentando que una central nuclear obtiene a diario unos ingresos netos de unos 600.000 euros y reclamaron una reforma del régimen sancionador, basado en una ley de 1964.

La Ley de Energía Nuclear, que define el actual sistema de sanciones, fue aprobada durante el franquismo, aunque la Ley de Tasas de 1999 modificó las cantidades hasta dejarlas en las actuales: hasta 100.000 euros por una falta leve, hasta 600.000 por una grave y hasta tres millones por una muy grave. "En una lógica capitalista, las empresas optarán por infringir la ley y pagar las multas", afirmaron ayer fuentes del sector nuclear y añadieron que la verdadera sanción a Vandellòs II fueron los seis meses que estuvo parada en 2005 para cumplir las exigencias del CSN y reparar la avería, lo que supuso unas pérdidas cercanas a los 120 millones de euros.

Las mayores sanciones hasta ahora impuestas por el ministerio han sido a la desmantelada Vandellòs I -420.000 euros en 1989- por incumplir el plan de emergencia; a Almaraz (Cáceres) -540.000 en 2000- por incumplir documentos de explotación; y a la de Zorita -540.000 euros en 2002- por incumplir la normativa de protección física y la normativa nuclear y radiactiva.