Futuro en proceso

Hace un mes que el jefe del Gobierno abrió oficialmente el proceso para conseguir el fin dialogado del terrorismo de ETA. Hay motivos, sin embargo, para pensar que va a ser en agosto cuando se produzcan las conversaciones formales entre los representantes del Gobierno y los de la organización terrorista, de la que informará a finales de septiembre el ministro del Interior. Las vacaciones propician las condiciones de "silencio" y discreción demandadas por Rodríguez Zapatero, lejos del ruido de descalificaciones (desde el PP), desafíos (por parte de la izquierda abertzale) y consejos interesados (desde algunas instancias del nacionalismo vasco) que han jalonado el primer cuatrimestre de alto el fuego.

Un cierto apagón informativo puede ser conveniente para el éxito del empeño, siempre que exista una clara conciencia de cuál es el objetivo y cuáles los límites de un proceso que cada uno pretende caracterizar según su conveniencia. El discurrir paralelo que en algún momento van a tener las conversaciones del Gobierno con ETA y las que se entablen entre los partidos vascos entraña un cierto riesgo de contaminación. Pero la admisión de Batasuna en el diálogo entre las fuerzas políticas para intentar buscar un modelo de encaje del País Vasco que obtenga más respaldo popular que el que tuvo el Estatuto de Gernika es la única compensación política a la que deben aspirar Arnaldo Otegi y los suyos. Y si resulta comprensible que Batasuna intente vender la presente "oportunidad" como un triunfo de la lucha de la izquierda abertzale, se entiende menos explicable que el PP avale esa interpretación delirante con tal de debilitar al Gobierno.

La pugna nominalista suscitada para adjetivar el proceso no puede llegar hasta el punto de obviar que todavía subsisten muchas de las secuelas de cuarenta años de crímenes, y que el objetivo esencial de aquél es que ETA, que ha parado de matar, deje de hacerlo para siempre. En definitiva, que encauce la defensa de sus aspiraciones por las vías de la política, sin amenazas ni chantajes. Batasuna juega al olvido cuando se lamenta hipócritamente del limbo legal en que se halla, dejando en la sombra los motivos de connivencia con la estrategia terrorista que llevaron a los tribunales a expulsarle de la legalidad.

Lejos de ser un obstáculo, la vigencia de la Ley de Partidos supone una garantía para afianzar un proceso en el que, según reafirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, "no habrá atajos" y "no se burlará el Estado de derecho". Agosto también puede ser un mes apropiado para que Otegi convenza a los suyos de que deben pasar por la ventanilla del Ministerio del Interior con una nueva marca y unos estatutos democráticos, si quieren recuperar la legalidad y los derechos perdidos. En cuanto a las garantías de futuro que reclama frente a la Ley de Partidos, está en su mano procurárselas. Bastaría con la desaparición de ETA.