Víctimas por igual

Ha sido un acierto cambiar la inicial denominación de "Ley de la memoria histórica", pretenciosa por lo que tenía de intromisión en el campo de los historiadores. La nueva es más ajustada a la realidad y conceptualmente comprensible, aunque por desgracia bastante más prolija: "Ley de reconocimiento y extensión de los derechos a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura". Establecer con precisión el objeto de la ley, cuyo proyecto remitió ayer el Consejo de Ministros al Parlamento, no sólo facilitará el debate, sino hasta un posible consenso. Y ello a pesar de que el PP se apresurara a explicitar su rechazo e Izquierda Unida y otros grupos su decepción, especialmente por no anular de oficio los consejos de guerra del franquismo y dejarlo a opción de las víctimas, si bien con el expreso apoyo de la Administración.

La ley no plantea un debate sobre la naturaleza del franquismo. Eso queda para los historiadores. Además, los españoles disponen de medios para saber lo que fue aquel régimen, para una buena parte de ellos cruel y despiadado, que fusiló, depuró, despojó y excluyó socialmente a cientos de miles de compatriotas. Otros tienen una visión más complaciente. Pero esa diferencia de opinión no debería existir sobre el tratamiento de las víctimas. Y más en concreto sobre el derecho de las víctimas del franquismo -las causadas por este régimen durante la Guerra Civil y a partir del 1 de abril de 1939- a que se las trate como lo fueron mucho antes las víctimas causadas en el bando republicano. Salvo que se piense que unas, las del bando vencedor, son de una calidad moral y humana superior a las del vencido. Pero no puede ser que existan en la España de hoy fuerzas políticas o sociales capaces de hacer esos distingos.

Ninguna de las medidas de la ley merece el reproche de que reabre viejas heridas. Más bien ayudan a cicatrizarlas. ¿O no lo es facilitar la recuperación de restos de desaparecidos en fosas comunes para darles enterramiento, recomendar a los ayuntamientos que aligeren sus callejeros de nombres llamativos de la represión franquista o dar un uso a los monumentos más emblemáticos del franquismo, como el Valle de los Caídos, que sirva para consolidar la convivencia y no para fomentar la división del pasado? La ley desecha la anulación de oficio de los consejos de guerra franquistas. El argumento de la cosa juzgada es endeble cuando se ha producido una ruptura jurídica -la Constitución de 1978- que supuso el enterramiento no sólo político, sino legal, del franquismo. Pero, sin duda, habrá otros argumentos que el Gobierno tendrá que explicar para no abolir unos consejos de guerra que actuaron como órganos de represión política al servicio del régimen y llevaron a la muerte y a la cárcel a miles de combatientes del Ejército vencido y dirigentes de la República por el sólo hecho de haberla defendido.