La justicia británica examinará la legalidad de la guerra de Irak

Los familiares de cuatro soldados muertos en Irak ganaron ayer una batalla preliminar en su campaña para conseguir que se abra una investigación judicial sobre la legalidad de la participación del Reino Unido en esa guerra. El Tribunal de Apelación dictaminó que el caso sea planteado formalmente ante la justicia, en contra de lo decidido anteriormente por un juez del Tribunal Superior, que había desestimado la petición.

Se trata de una primera victoria de las familias porque el fallo de ayer obliga al Gobierno a explicar en una audiencia completa los argumentos por los que se opone a esa investigación. Según los abogados de las familias, eso significa que el Gobierno deberá dar explicaciones de por qué el fiscal general dictaminó que la guerra era legal cuando 10 días antes su dictamen era que para ir a la guerra hacía falta un nuevo pronunciamiento del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, la de ayer puede ser una victoria pírrica porque los tres altos jueces del Tribunal de Apelación se tomaron la molestia de advertir a las familias sobre sus escasas posibilidades de éxito: "Queremos subrayar que, aunque hemos acordado otorgar permiso, vemos obstáculos formidables en el camino de los demandantes y no quisiéramos inducirles a creer que van a tener éxito", advierten en su dictamen.

La decisión de los jueces de autorizar a los demandantes a pedir formalmente la investigación no se basa en las posibilidades de éxito de esa petición, sino en el argumento de que "el caso suscita cuestiones de considerable importancia general que a nuestro juicio deberían ser decididas finalmente después de escuchar plenamente los argumentos". "Se puede argumentar, cuando menos, que la cuestión de si la invasión fue legal -o al menos la creencia razonable de que fue legal- es una cuestión de ley internacional que vale la pena investigar", explican los jueces del Tribunal de Apelación.

El Gobierno se opone a la investigación judicial con el argumento de que sería "un desplazamiento de poder no deseado" el permitir que los tribunales se pronuncien sobre el derecho de los gobiernos a ir a la guerra.