IU pide a la Cámara de Cuentas una auditoría integral de las empresas públicas para evitar su "descontrol"

La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida, Concha Caballero, anunció ayer que su grupo pedirá en los próximos días a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría específica e integral de las empresas públicas de Andalucía, cuyo modo de funcionamiento calificó de "jungla". Caballero denunció el descontrol y la opacidad de estas empresas que han proliferado en los últimos años para escapar, aseguró, de los estándares reglados de la Administración andaluza: "Contratan a quien quieren, actúan con plena libertad y están sometidas al derecho privado".

Según el informe de la Cámara de Cuentas de 2004, la Junta participa mayoritariamente en 51 empresas públicas y de manera minoritaria en 68. Pero, a su vez, existen otras 25 entidades participadas por las empresas públicas. "Esto hace un total de 144 organismos de esta naturaleza, los cuales, para complicar aún más las cosas, participan en 15 fundaciones", precisó la portavoz, quien se quejó de la "maraña y enorme dispersión". "Hay casos en que se han creado empresas por el capricho del consejero de turno que luego no han funcionado, mientras que algunas llevan en estado de liquidación entre siete y diez años porque no se acaba de hacer el cierre", añadió.

Sólo en subvenciones se transfirieron durante 2004 unos 3.283 millones de euros (550.000 millones de pesetas), que se suman a los propios activos de las empresas. La plantilla de trabajadores en la fecha auditada era de 14.602, a la que hay que agregar otros 15.000 empleados en las fundaciones.

Concha Caballero recordó que la Cámara de Cuentas halló en 18 de las entidades "salvedades" que, aclaró la portavoz, "en el lenguaje de un auditor significa mal funcionamiento e irregularidades". Entre las empresas citadas se encuentra la Empresa de Gestión de Programas Culturales, cuya área financiera, aseguró Caballero, la llevaba un "becario". La Diputación Permanente de la Cámara se reúne precisamente hoy para decidir la comparecencia de la consejera de Cultura, Rosa Torres, sobre las citadas anomalías.

La portavoz izquierdista anunció que, además de la auditoría específica de las empresas públicas, su grupo pedirá que se informe al Parlamento de la ejecución de los presupuestos de cada entidad, que se prohíba crear nuevas sociedades sin la autorización de la Consejería de Economía y el conocimiento de la Cámara. También solicitan que se regule por ley un estatuto, un plan de estabilidad laboral y contratación transparente, y un plan de reducción y racionalización.