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Editorial:

Costas de cemento

Los excesos inmobiliarios transmiten últimamente pésimas noticias para los partidarios de compaginar las reglas del mercado con desarrollos urbanísticos respetuosos con el medio ambiente. Greenpeace ha presentado un informe que confirma y extiende a casi toda la línea de costa española la denuncia elaborada por el Parlamento Europeo, que el año pasado pidió una moratoria en los proyectos de la Comunidad Valenciana para frenar una urbanización desenfrenada. En el litoral, las autoridades autonómicas y locales han aprobado la construcción de 1,5 millones de viviendas para este año, el doble que las proyectadas en 2005, 303 campos de golf y 116 puertos deportivos. Están en trámite más de un centenar de denuncias por presunta corrupción urbanística en poblaciones costeras, con mención especial a Valencia y Andalucía.

A lo que más se parece el boom de la construcción en la periferia española es a una destrucción pertinaz y sistemática de la costa por los intereses especulativos, la presión de los ayuntamientos para conseguir ingresos y la desidia de las autonomías a la hora de poner orden en este caos. La relación de daños que origina debería incitar a las autoridades públicas a una reacción inmediata. El calentamiento del agua y los vertidos están en el origen de fenómenos como la explosión de medusas que se cierne sobre las playas españolas o la destrucción de especies con gran valor económico, como el atún rojo.

Para el turismo, fuente principal de ingresos para la economía nacional, el espeso cinturón de cemento que asfixia la línea de costa es un tóxico que acabará por despachar a los visitantes, hartos de ladrillos en lo que antes fueron playas tranquilas y localizaciones naturales. El modelo de plusvalías rápidas basadas en la construcción sin límite -y en muchas ocasiones al margen de la ley, como se ha demostrado en Marbella- expulsa a los turistas con más poder adquisitivo.

No se trata de contraponer la libertad de construcción y el derecho de los demandantes de segundas o terceras residencias con la necesidad de proteger bienes económicos y ecológicos de gran valor para la sociedad española. Se trata simplemente de que, a través de una nueva Ley del Suelo y de otras medidas complementarias, los poderes públicos garanticen que no habrá recalificaciones para proyectos de construcción que no dispongan de suministro de agua, depuradoras u otras condiciones de sostenibilidad. Y de que, finalmente, entre todos no matemos la gallina de los huevos de oro que son nuestras costas y playas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de julio de 2006