La marcha atrás de ERC obliga al Gobierno catalán a prorrogar las concesiones de las ITV

Plan B del Gobierno catalán en la regulación del mercado de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Ante la finalización de la vigencia de las concesiones, el próximo 23 de julio, y la pérdida de apoyo parlamentario para sacar adelante la nueva ley por la marcha atrás de ERC, el Ejecutivo no ha tenido más remedio que prorrogar por la vía de urgencia el sistema de concesiones por un periodo máximo de 18 meses. "No nos fiamos de que el PSC garantice la libre concurrencia con suficiente transparencia", aseguró ayer el portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao.

Al poco de llegar al poder, en 2004, el entonces tripartito anuló dos duopolios que el anterior Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) prorrogó justo antes de perder las elecciones y, un año después, aprobó un proyecto de ley para dar paso a un sistema de autorizaciones y abrir así el sector de la inspección a la competencia.

Hoy, el mercado lo controlan en un 85% Applus+ (filial del grupo Agbar) y RVSA. La nueva Ley de Seguridad Industrial impedía que una sola empresa controlara más del 50% de las ITV.

Pero el texto se empantanó en el Parlament, con un dictamen del Consejo Consultivo incluido, que, pese a encontrar visos de inconstitucionalidad en cuatro artículos, validaba el cambio de régimen (de las concesiones a las autorizaciones) aprobado por la Generalitat.

La salida de Esquerra Republicana (ERC) del tripartito ha dejado al Ejecutivo de Maragall sin apoyos en la Cámara catalana, que la semana que viene celebrará el último pleno de la legislatura, según reconoció ayer el portavoz del Gobierno catalán, el consejero Joaquim Nadal. "Lo que hemos hecho es dotar de seguridad jurídica al sector ante el grave ejercicio de irresponsabilidad de ERC", aseguró ayer el secretario general de Industria de la Generalitat, Ciriaco Hidalgo.

El próximo 23 de julio finalizaba la vigencia de las concesiones de las ITV y el 10 de septiembre las del ámbito de la inspección y control industrial (ECI), que son las encargadas, por ejemplo, de revisar los ascensores y las instalaciones industriales. Sin la prórroga, la Generalitat hubiera tenido que asumir, de la noche a la mañana, los respectivos servicios.

Oportunidad política

Ante esta situación, el Ejecutivo catalán optó por pactar con CiU y la propia ERC y asegurarse un régimen transitorio, que evitará un vacío legal y asegura la prestación del servicio a los usuarios. La prórroga se tramitará por el procedimiento de urgencia.

Esquerra Republicana, reconoció ayer que está de acuerdo con la Ley de Seguridad Industrial, pero no se fía de los que fueron sus socios de gobierno hasta hace casi un mes. "La oportunidad política de la ley ha cambiado por completo", señaló ayer el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, quien recordaba que el nuevo texto "necesita un reglamento muy potente para liberalizar el sector, y esto no se puede pretender hacerlo deprisa y corriendo".

Para acabar con los duopolios de CiU hay que dar entrada a nuevos operadores y "sin nosotros [ERC] en el Gobierno, la transparencia en la libre concurrencia de empresas no está garantizada", remachó Ridado.

Sin embargo, tanto el portavoz parlamentario de ERC como el consejero Nadal y el portavoz parlamentario de Iniciativa Verds-Esquerra Unida (ICV-EUiA), Joan Boada, quien en su día acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para intentar frenar la prórroga de CiU, se esforzaron ayer para dar un mensaje unitario: la ley saldrá adelante en la legislatura próxima, con el próximo Gobierno catalanista y de izquierdas. Los 18 meses es el plazo que se ha autoimpuesto la Generalitat para lograrlo.