El Parlament aprobará nueve leyes en el último pleno, entre ellas la de complementos a las pensiones mínimas

En el último pleno de la legislatura, previsto para los días 13 y 14 de julio, se debatirán nueve proyectos de ley, según acordaron ayer la Mesa del Parlamento catalán y la Junta de Portavoces. Si no hay sorpresas de última hora, todos serán aprobados y el Gobierno cerrará su mandato con 52 leyes en su haber.

Seis proyectos se someterán a a la Cámara: una modificación de la Ley de Cajas; autorizaciones financieras para la ampliación de la Fira de Barcelona (174 millones de euros) y para financiar los gastos de organización de las próximas elecciones autonómicas (24 millones); medidas en materia de medio ambiente; el proyecto de prestaciones económicas de asistencia social; los de creación del Instituto de Seguridad de Cataluña y del Consejo de Relaciones Laborales.

De estos proyectos, el único que cuenta con un apoyo parlamentario unánime es la modificación de la Ley de Cajas, que alarga de cuatro a seis años los mandatos de los presidentes y demás consejeros de las cajas de ahorro, incluido el presidente de la mayor caja de España, La Caixa, Ricard Fornesa. El resto de proyectos serán aprobados con la mayoría de izquierdas.

Entre este último paquete de proyectos destaca por su contenido social el que establece complementos para las pensiones más bajas. Esta medida contará con el apoyo de los grupos parlamentarios que formaron el tripartito de izquierdas, pues nació antes de su ruptura. Este proyecto responde a un compromiso del Pacto del Tinell, y junto con el de servicios sociales, que no podrá ser aprobado a causa del acortamiento de la legislatura, pretendía constituir el cuarto pilar del Estado de bienestar en Cataluña.

Otras tres iniciativas del Gobierno de Pasqual Maragall, aunque de rango menor, podrán ser aprobados gracias a que se tramitarán por la vía urgente de lectura única. Se trata del proyecto de ley sobre la prestación de servicios de inspección de la Generalitat; el proyecto de modificación de la Carta Municipal de Barcelona y el de protección de la salud.

En tramitación parlamentaria, pero sin tiempo para llegar al pleno de la Cámara, han quedado proyectos representativos del Gobierno tripartito como la ley de derecho a la vivienda, la de creación del Memorial Democrático, la ley de servicios sociales, la Oficina Antifraude y la ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión.

El Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se han esforzado para salvar en estas últimas semanas el máximo número de proyectos de ley posible. Tras pasar a la oposición, Esquerra Republicana (ERC) anunció que sería "coherente" y no presentaría enmiendas a la totalidad a proyectos en cuyo debate había intervenido estando en el Gobierno. Pero sí ha presentado enmiendas parciales a alguno.

Esta actitud ha sido tachada por ICV de "filibusterista y partidista" por su portavoz Joan Boada, al criticar a los republicanos por impedir la aprobación del Memorial Democrático -la que hubiera sido la primera institución oficial del España para la recuperación de la memoria histórica- y el proyecto estrella del Departamento de Relaciones Institucionales que dirige Joan Saura. En defensa propia salió el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien confesó no compartir la "implicación" de los ecosocialistas en la defensa de la ley, que calificó de "hispanocentrista".