El Ejecutivo aprueba las leyes de Obra Pública y el Consejo de la Artes pese a que no prosperarán
El proyecto de ley de Obra Pública y el anteproyecto de ley del Consejo de la Cultura y de las Artes de Cataluña no pasarán de ser declaración de intenciones, al menos en esta legislatura. El Gobierno catalán aprobó ayer estos dos proyectos legislativos pese a que el Parlament no tendrá tiempo de aprobarlas antes del verano y se disolverá previsiblemente a final de agosto por la convocatoria de elecciones autonómicas.
No serán las únicas leyes que el Consell Executiu aprobará antes del verano y que no prosperarán. El portavoz de la Generalitat, Joaquim Nadal, aseguró ayer que el Gobierno autónomo aún dará luz verde a "cuatro o cinco" proyectos legislativos más antes de irse de vacaciones con la esperanza de que "saldrán adelante cuando se confirme la continuidad de un Gobierno catalanista de izquierdas", dando así por hecho que el resultado electoral permitirá reeditar el tripartito. El consejero del Cultura, Ferran Mascarell, que presentó el futuro Consejo de la Cultura y la Artes, se manifestó en una línea similar y subrayó que el futuro Ejecutivo catalán "no será muy diferente en cuanto a la presencia de los socialistas".
"El Gobierno aprobará todo proyecto que haya superado los trámites para que quede claro que se han cumplido los compromisos", aseguró Joaquim Nadal,y agregó que "es mejor eso, más transparente y más claro, que guardar estas leyes en un cajón".
Si los pronósticos de Nadal fuesen correctos y en la próxima legislatura un Parlamento con el mismo peso de los colores políticos aprobase la ley de Obra Pública, las cosas cambiarían para algunos constructores. Esta norma comenzó a fraguarse hace poco más de un año a raíz del desastre ocasionado por el hundimiento del túnel del Carmel durante la construcción de la línea 5 del metro, lo que obligó a derribar cuatro edificios.
El proyecto de ley establece mayores requisitos de control y seguridad en las obras públicas civiles que son competencia de la Generalitat, sobre todo las subterráneas. Exige, por ejemplo, que las empresas que subcontraten trabajo a otras lo adviertan previamente en la propuesta que presentan al concurso público y que demuestren la solvencia de éstas.
También prevé la creación de órganos de control como un consejo asesor de túneles y el arbitraje para resolver conflictos entre distintos actores de las obras. Así, no ha incorporado las observaciones a la ley que planteó el Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), que advirtió que esta norma puede retrasar los proyectos, ni las de la patronal Fomento del Trabajo, que advirtió de que algunas medidas limitan la libertad de empresas.
Por otra parte, Mascarell explicó que el Consejo de la Cultura y de las Artes de Cataluña nacerá -a su juicio, en la próxima legislatura- como el "órgano representativo del pacto cultural". Se trata de una entidad inscrita al Departamento de Cultura que gestionará el fondo de promoción de la creación artística y cultural y funcionará través de un contrato-programa que fijará sus objetivos año tras año.
Este organismo consultivo estará formado por 14 miembros nombrados por el Parlamento catalán a propuesta de la Generalitat y elaborará un informe anual sobre el estado cultural de Cataluña, realizará dictámenes sobre leyes y formularán recomendaciones. Con este consejo "las políticas públicas serán más abiertas, más participativas y más democráticas", auguró Mascarell.
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