DESTAPADA LA 'CONTABILIDAD SECRETA' DE JUAN ANTONIO ROCA | La mayor trama de corrupción municipal

El cerebro de la trama marbellí recaudó 30 millones de euros en sobornos en dos años

La 'caja B' acredita pagos de cuatro millones a 16 concejales e identifica a 11 empresarios implicados

Las investigaciones del juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso Malaya, ya tienen una primera cifra de los sobornos que los constructores detenidos pagaron a miembros del Ayuntamiento de Marbella sólo en sus dos últimos años de mandato: 30 millones de euros. Todo este dinero era recaudado por la empresa Maras Asesores del hombre fuerte municipal del urbanismo, Juan Antonio Roca, ahora encarcelado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, cohecho y delito ecológico. La contabilidad secreta hallada acredita el abono de cuatro millones a los cargos municipales detenidos (figuran 16 concejales) e identifica a los empresarios pagadores.

Más información
La tarifa del 35%
El juez deja en libertad a un empresario de la trama marbellí para el que había pedido prisión

El registro de la sociedad Maras Asesores durante la primera fase de la Operación Malaya, en marzo pasado, brindó un as al equipo policial que dirigen el juez Miguel Ángel Torres y el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero. En unos soportes informáticos se halló la pieza más buscada: la contabilidad secreta del considerado por el juez auténtico alcalde en la sombra de Marbella, Juan Antonio Roca. Los apuntes contables reflejaban los ingresos y pagos de 2004, 2005 y los dos primeros meses de 2006 de la caja B de Roca. Este soporte informático daba más munición al juez que todas las fallidas inspecciones que Hacienda venía realizando sobre Roca desde 1999, pese a que ya entonces detectó que su madre, anciana sin recursos, recibía millonarios ingresos de Kuwait para comprar sociedades. En esta contabilidad secreta de Roca tan interesantes eran los ingresos como las salidas. Los supuestos destinatarios de los sobres venían identificados por iniciales que a la policía no le costó gran trabajo descifrar: el equipo del tripartito que sustentó a la detenida ex alcaldesa Marisol Yagüe (ver gráfico).

También figuran pagos a funcionarios, entre ellos Leopoldo Barrantes, Leopoldo, secretario del Ayuntamiento, y R. Pz., que la policía identifica con Rafael del Pozo, jefe de la policía local de Marbella. Igualmente, aparece como receptor de fondos R. Glez., identificado por los agentes como Rafael González Carrasco (GIL), miembro de la anterior corporación.

Pero la explosiva contabilidad secreta de Maras también detallaba los empresarios, en su mayoría constructores, que habían nutrido la caja B de Roca (ver gráfico).

Esta contabilidad b arroja certezas e interrogantes. Certezas: corrobora las grabaciones que realizó la policía, en las que ya se mencionaban posibles pagos a concejales con la aparente mediación de Roca. Y confirma un voceado secreto marbellí: las comisiones que pagaban los constructores por edificar en Marbella. Pero frente a la reciente proclama corporativa de que se trataba de una extorsión política, las investigaciones apuntan a que los constructores pagaban para violentar todas las normas urbanísticas, para recibir suelos municipales a precios irrisorios, para recalificar lo irrecalificable o para multiplicar ilegalmente la edificabilidad. No eran pagos para edificar conforme a ley, sino para sortearla. Roca, según esta línea de investigación, promovió convenios tan favorables a los empresarios acusados de soborno como dañinos para las arcas municipales. El informe del Tribunal de Cuentas sobre Marbella 2000-2001 multiplica los ejemplos. Por ejemplo, General de Galerías Comerciales y Emasa, ambas sociedades de Tomás Olivo, recibieron terrenos municipales a cambio de unas obras de urbanización. El Ayuntamiento perdió cerca de 45 millones de euros. Frente al imparable crecimiento del precio del suelo en Marbella (un 22,4% anual), el consistorio cedía terrenos a las empresas de Olivo muy por debajo del precio que le otorgó años atrás. Donde tasó a 210 euros el metro cuadrado, ahora, tres años después, cedía el mismo terreno a 120 euros el metro cuadrado.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

García Lebrón, dueño de Aifos, también tuvo su regalo municipal. El hotel Guadalpín había sobrepasado en 8.123 metros cuadrados la edificabilidad concedida en el PGOU de 1986. En 2002, se le firmó un convenio por el que no sólo se legalizaba tal exceso: le permitía llegar hasta los 15.943 metros cuadrados. El colofón de la decena de irregularidades detectadas en esta operación es que nunca se registró el pago de los 2,4 millones de euros que correspondían al Ayuntamiento.

El constructor José Ávila Rojas también sufrió la extorsión de Roca. Mediante un convenio con su empresa Haviland Proyectos Inmobiliarios permutó unas fincas municipales por locales y viviendas. Se trataba de unos terrenos que el Ayuntamiento en 2000 tasó en 180 euros el metro cuadrado. Pero cuando se los cedió a Ávila dos años después los valoró en 96 euros el metro cuadrado. Esto hurtó al Ayuntamiento unos 131.000 euros.

Los enigmas de la agenda

Las agendas de Juan Antonio Roca reflejan sus constantes citas y charlas telefónicas con los empresarios que están hoy detenidos, y del detalle con que seguía cada convenio, del que siempre anotaba su valor económico. Hasta ahí, todo normal.

Pero hay anotaciones inexplicables en un gestor público: Juan Antonio Roca engloba todos los convenios pendientes bajo dos epígrafes de precios: en una columna anotaba la "valoración" oficial y, al lado, la "real", que resulta mayor.

Y aquí surge el gran interrogante que se plantean los investigadores: si el cobro de comisiones por Roca se le presume desde que llegó al cargo de responsable de Urbanismo en 1991 hasta su detención en 2006, ¿a cuánto asciende el monto ilegalmente percibido de los constructores, si sólo en dos años suman 30 millones de euros? Sólo entre 1991 y 2000, Roca concedió 5.245 licencias de obra por valor de 360.000 millones de pesetas (2.163 millones de euros), que, peajes aparte, debían suponer unos ingresos para el Ayuntamiento de 14.000 millones (84,1 millones de euros).

Hay otro enigma que deriva del balance secreto de Roca: de los 30 millones de euros ingresados, sólo cuatro se destinaron a los ediles y funcionarios detenidos. ¿El resto ha engrosado sólo la fortuna de Roca o la ha compartido con quienes fueron sus superiores en los años de mandato del GIL?

Desde su entorno se hacen guiños de que la pirámide de la corrupción construida en Marbella no acababa en Roca. Los investigadores comparten este punto de vista.

Por el momento, en el curso de esta investigación solamente ha trascendido que quien fue su jefe como primer teniente de alcalde, Pedro Román Zurdo, no sólo comparte con Roca su amistad, sino alguno de los lujosos palacios que le han sido embargados en Madrid.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS