El cerebro de la trama marbellí recaudó 30 millones de euros en sobornos en dos años

Las investigaciones del juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso Malaya, ya tienen una primera cifra de los sobornos que los constructores detenidos pagaron a miembros del Ayuntamiento de Marbella sólo en sus dos últimos años de mandato: 30 millones de euros. Todo este dinero era recaudado por la empresa Maras Asesores del hombre fuerte municipal del urbanismo, Juan Antonio Roca, ahora encarcelado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, cohecho y delito ecológico. La contabilidad secreta hallada acredita el abono de cuatro millones a los cargos municipales detenidos (figuran 16 concejales) e identifica a los empresarios pagadores.

El registro de la sociedad Maras Asesores durante la primera fase de la Operación Malaya, en marzo pasado, brindó un as al equipo policial que dirigen el juez Miguel Ángel Torres y el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero. En unos soportes informáticos se halló la pieza más buscada: la contabilidad secreta del considerado por el juez auténtico alcalde en la sombra de Marbella, Juan Antonio Roca. Los apuntes contables reflejaban los ingresos y pagos de 2004, 2005 y los dos primeros meses de 2006 de la caja B de Roca. Este soporte informático daba más munición al juez que todas las fallidas inspecciones que Hacienda venía realizando sobre Roca desde 1999, pese a que ya entonces detectó que su madre, anciana sin recursos, recibía millonarios ingresos de Kuwait para comprar sociedades. En esta contabilidad secreta de Roca tan interesantes eran los ingresos como las salidas. Los supuestos destinatarios de los sobres venían identificados por iniciales que a la policía no le costó gran trabajo descifrar: el equipo del tripartito que sustentó a la detenida ex alcaldesa Marisol Yagüe (ver gráfico).

También figuran pagos a funcionarios, entre ellos Leopoldo Barrantes, Leopoldo, secretario del Ayuntamiento, y R. Pz., que la policía identifica con Rafael del Pozo, jefe de la policía local de Marbella. Igualmente, aparece como receptor de fondos R. Glez., identificado por los agentes como Rafael González Carrasco (GIL), miembro de la anterior corporación.

Pero la explosiva contabilidad secreta de Maras también detallaba los empresarios, en su mayoría constructores, que habían nutrido la caja B de Roca (ver gráfico).

Esta contabilidad b arroja certezas e interrogantes. Certezas: corrobora las grabaciones que realizó la policía, en las que ya se mencionaban posibles pagos a concejales con la aparente mediación de Roca. Y confirma un voceado secreto marbellí: las comisiones que pagaban los constructores por edificar en Marbella. Pero frente a la reciente proclama corporativa de que se trataba de una extorsión política, las investigaciones apuntan a que los constructores pagaban para violentar todas las normas urbanísticas, para recibir suelos municipales a precios irrisorios, para recalificar lo irrecalificable o para multiplicar ilegalmente la edificabilidad. No eran pagos para edificar conforme a ley, sino para sortearla. Roca, según esta línea de investigación, promovió convenios tan favorables a los empresarios acusados de soborno como dañinos para las arcas municipales. El informe del Tribunal de Cuentas sobre Marbella 2000-2001 multiplica los ejemplos. Por ejemplo, General de Galerías Comerciales y Emasa, ambas sociedades de Tomás Olivo, recibieron terrenos municipales a cambio de unas obras de urbanización. El Ayuntamiento perdió cerca de 45 millones de euros. Frente al imparable crecimiento del precio del suelo en Marbella (un 22,4% anual), el consistorio cedía terrenos a las empresas de Olivo muy por debajo del precio que le otorgó años atrás. Donde tasó a 210 euros el metro cuadrado, ahora, tres años después, cedía el mismo terreno a 120 euros el metro cuadrado.

García Lebrón, dueño de Aifos, también tuvo su regalo municipal. El hotel Guadalpín había sobrepasado en 8.123 metros cuadrados la edificabilidad concedida en el PGOU de 1986. En 2002, se le firmó un convenio por el que no sólo se legalizaba tal exceso: le permitía llegar hasta los 15.943 metros cuadrados. El colofón de la decena de irregularidades detectadas en esta operación es que nunca se registró el pago de los 2,4 millones de euros que correspondían al Ayuntamiento.

El constructor José Ávila Rojas también sufrió la extorsión de Roca. Mediante un convenio con su empresa Haviland Proyectos Inmobiliarios permutó unas fincas municipales por locales y viviendas. Se trataba de unos terrenos que el Ayuntamiento en 2000 tasó en 180 euros el metro cuadrado. Pero cuando se los cedió a Ávila dos años después los valoró en 96 euros el metro cuadrado. Esto hurtó al Ayuntamiento unos 131.000 euros.