La tarifa del 35%

El urbanismo en Marbella generó una riqueza de casi 12.000 millones de euros (dos billones de pesetas) en los últimos 15 años, según cálculos de técnicos que han elaborado el plan de ordenación territorial de la Costa del Sol. Alrededor de ese negocio se instaló un sistema corrupto que desvió parte de ese dinero en beneficios ilícitos y que explica la fabulosa fortuna de un hombre como Juan Antonio Roca -ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella-, la cabeza visible de la trama que investiga el juez Miguel Ángel Torres y que ha dado lugar a una segunda fase de la Operación Malaya con la detención de empresarios y ex concejales. Según los investigadores, que no han podido cuantificar todavía el dinero negro que ha movido esa trama, Roca se reservaba para él alrededor del 35% de los pagos efectuados en negro por los empresarios, quienes obtenían garantías de que las obras no serían interrumpidas por el Ayuntamiento aun cuando pesaran sobre ellas denuncias de ilegalidad y órdenes de paralización. Los empresarios pagaban en tres plazos. En ocasiones, cantidades cercanas al millón de euros. Y luego, Roca repartía el dinero entre los concejales. Los investigadores calculan que 600.000 euros es la cantidad mínima que presuntamente habrá percibido un concejal en los últimos tres años.

Los investigadores calculan que la cantidad mínima que recibía un edil era 600.000 euros

El origen de la segunda fase de la Operación Malaya data de hace un mes y medio cuando la policía accedió al disco duro de un ordenador, donde estaban registrados los datos y las fechas de la recepción y reparto del dinero negro que abonaban los empresarios.

Es curioso que un hombre que atesoraba una gran fortuna personal fuera capaz de contabilizar hasta el más mínimo gasto por ridículo que pareciera. Sobre todo cuando de su contabilidad no tenía que dar cuentas a nadie. Por ejemplo, cuando ordenaba que anotaran un gasto de 180 euros para el pago de un billete de avión a Madrid para su hija. 180 euros es calderilla al lado de una entrega de 200.000 euros a la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, anotación acompañada del indicativo "sobre", que significaba su pago en efectivo. Roca cobraba y repartía. Roca daba las órdenes y tomaba las decisiones. Roca tenía toda la información y todo el poder. Todo el mundo sabía que para hacer negocios en Marbella era necesario pasar por Roca. Era el alcalde en la sombra y así lo reconoce el juez en sus autos.

El origen del negocio fraudulento era el urbanismo. Roca gestionaba en exclusiva desde años atrás todo cuanto tuviera relación con la firma de convenios y el otorgamiento de licencias. Cerca de 900 convenios y más de 10.000 licencias que propiciaron un negocio fabuloso. En la práctica, el convenio reflejaba un acuerdo entre el promotor y el Ayuntamiento en un contrato por el que establecían, generalmente, unos pagos económicos o en especie (se establecía una recalificación a cambio de inmuebles como pago o de una permuta de terrenos). Un repaso a la mayoría de estos convenios da cuenta de que las cantidades asignadas estaban por debajo de los precios de mercado o no reflejaban la realidad del negocio que generaban. Ese era el contrato A, el aparentemente legal. El que se llevaba a pleno y se aprobaba. Curiosamente, nunca figuraba la firma de Jesús Gil, sino la de otros miembros de la corporación, caso de Pedro Román, primer teniente de alcalde con Gil, Julián Muñoz o Marisol Yagüe, entre otros.

Por debajo, según ha podido ir constatando la investigación, figuraba otro tipo de acuerdo que generaba cantidades mucho más elevadas. Era el dinero negro, que recibía Roca de los empresarios y luego repartía. Según ha podido establecer la investigación, Roca se quedaba con el 35% de esas cantidades. El resto lo repartía entre mucha gente y de una forma muy discrecional, de tal forma que es muy difícil establecer unas tarifas. En esa capacidad para otorgar cuantiosas gratificaciones residía el núcleo del poder de Roca en el Ayuntamiento marbellí.

Y ese poder le permitía a Roca negociar con los empresarios y garantizar el buen fin de los acuerdos. Es decir, que el Consistorio haría todo cuanto estuviera en su mano para que una obra determinada no sufriera ningún tipo de entorpecimiento, aunque fuera impugnada por la Junta de Andalucía o sufriera una orden de paralización judicial. La desobediencia del Ayuntamiento a la legalidad era parte del compromiso. Por eso, los empresarios pagaban el dinero negro en tres plazos. Uno, tras la firma del convenio. Dos, a la obtención de la licencia. Y tres, a la finalización de la obra. Algún empresario llegó a abonar un millón de euros en diferentes entregas de un convenio.

Por ejemplo, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, consta una denuncia sobre 78 obras ilegales comenzadas entre abril de 2003 y febrero de 2005 que no han sido interrumpidas a pesar de que sobre ellas pesen órdenes de paralización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La mayoría de estas obras se han terminado y la Policía Local de Marbella hizo caso omiso de los precintos. Estas obras han supuesto la construcción de 7.343 viviendas, un hotel, tres centros comerciales y un edificio de oficinas. Hay más de 100 órdenes de paralización y 993 acuerdos de gobierno impugnados por la Junta. Las obras han seguido su curso. Y los pagos en dinero negro también.

La investigación policial ha centrado su tarea en el seguimiento del dinero negro a partir de las anotaciones que figuraban en uno de los ordenadores de la empresa Mara Asesores. Allí están registradas entradas y salidas de dinero en fechas determinadas. La labor del investigador ha radicado en asociar esas entregas a las fechas próximas a la firma de un convenio para seguir tirando del hilo. Establecido el convenio y el empresario que lo firmaba, se trataba de averiguar el destino del reparto. Un reparto generoso, principalmente destinado a los concejales, que aceptaban sin condiciones las órdenes de aprobación de convenios que emanaban de Roca.

Cada convenio era una gran oportunidad. De una misma tacada, la concejal Carmen Revilla reconoció ante el juez haber recibido 240.000 euros. En otros casos, la cantidad llegaba a los 400.000 euros e incluso a 600.000, en una sola entrega. La policía pudo relacionar estos pagos con la adquisición de inmuebles por parte de los concejales en fechas posteriores a la recepción del dinero. Así, Revilla se compró una casa en San Pedro de Alcántara. La perceptora de los 400.000 euros adquirió un inmueble en Madrid. Eso era el resultado de un convenio. Y se firmaron cientos. Hasta donde los investigadores saben, el concejal "más barato" llegó a percibir hasta 600.000 euros en los últimos tiempos.

La pista del cohecho conduce indefectiblemente al pagador, al empresario. Es la otra pieza de la trama. El que paga. El listado de los promotores y empresarios llamados a declarar por el juez ofrece un perfil que no es casual, a juicio de los expertos. Una parte de estos empresarios actuaron como testaferros de Roca. La otra afecta a una serie de apellidos muy conocidos en Marbella y en Andalucía. Se trata de empresarios que han tenido un protagonismo muy acusado en la firma de numerosos convenios. Son los más prolíficos.

Todos ellos llegaron a Marbella atraídos por Gil. Sus perfiles son parecidos: gente emprendedora, que empezó sus negocios desde una posición humilde y que gobiernan sus empresas de forma personal. No son empresarios que deban dar cuentas a nadie de sus actos. Algunos accedieron al negocio inmobiliario al entrar en Marbella o hallaron allí su plataforma de lanzamiento. Los hay que reúnen la misma condición de cofrades y son muy activos en obras de caridad. Otros eran propietarios de medios de comunicación locales. Todos ellos sabían que firmaban convenios con el Ayuntamiento a precios por debajo del mercado.

Atrás queda lo sucedido durante una escandalosa moción de censura dirigida en la sombra por Roca para desbancar al alcalde Julián Muñoz, que había osado destituirle. Esa moción nunca fue objeto de la investigación, pero hubo suerte. Uno de los concejales había escrito todos los detalles de lo sucedido y ese documento llegó a manos de la policía en un registro.