El juez deja en libertad a un empresario de la trama marbellí para el que había pedido prisión

El director comercial de la promotora Aifos, Francisco García Lebrón, ha quedado hoy en libertad tras prestar declaración por segunda vez ante el juez del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, que habría revocado un primer auto en el que, según fuentes jurídicas, ordenaba el ingreso en prisión incondicional del empresario.

García Lebrón solicitó comparecer ante el juez por segunda vez cuando aún no había abandonado las dependencias de los juzgados de Marbella en dirección a la prisión de Alhaurín de la Torre. En esta segunda comparecencia, con una duración aproximada de una hora, el director comercial de Aifos fue asistido por una abogada de oficio, sin que trascendieran las razones del cambio de la representación legal en relación a su primera declaración, en la que contó con la presencia de un letrado privado.

Antes de prestar su segunda declaración, García Lebrón hubo de ser atendido por un equipo sanitario de emergencias que se desplazó hasta los juzgados marbellíes para asistir al directivo debido a una crisis de ansiedad, según indicaron fuentes jurídicas.

El constructor Gonzalo Fernández-Castaño ha quedado en libertad con cargos por un delito de cohecho y sin fianza tras declarar ante el juez, mientras que el empresario murciano Tomás Olivo ha sido puesto en libertad bajo fianza de 500.000 euros, según han informado fuentes jurídicas. Olivo, al que el magistrado imputa tambien un delito de cohecho, abandonó las dependencias judiciales a las 21.30 horas de ayer después de comparecer ante el juez Torres durante una hora, según su abogado defensor, Antonio Ruiz Villén.

La policía está pendiente de que se cumpla la orden del juez Miguel Ángel Torres para que comparezca ante él el ex edil del Partido Andalucista (PA) en el Ayuntamiento marbellí Carlos Fernández, lo que se preveía como inminente el pasado miércoles una vez que regresase de Galicia, donde estaba de viaje. Los agentes registraron ese mismo día su vivienda y le requisaron el ordenador personal.

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Hilario López, ha dicho que no descarta la posibilidad de nuevas detenciones, ya que la operación no está definitivamente cerrada.