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El fiscal se querella contra dos altos cargos del Ayuntamiento por tolerar los ruidos de un 'pub'

El distrito de Ciutat Vella no ordenó clausurar un local hasta que intervino la fiscalía

La fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra dos altos cargos del distrito municipal de Ciutat Vella por haber tolerado durante varios meses los ruidos provocados por un pub musical, que han causado trastornos físicos y psíquicos a cuatro vecinos. La querella, que ya ha sido admitida a trámite, se dirige también contra la propietaria del establecimiento y en ella se dice que los hechos pueden constituir un delito contra el medio ambiente y, en el caso de los funcionarios municipales, un delito de prevaricación medioambiental.

Un portavoz del distrito del Ciutat Vella declinó pronunciarse sobre la querella, que ya tramita el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona. Las mismas fuentes recordaron que la actuación municipal en este caso fue correcta, pues el consistorio ha dictado hasta cuatro órdenes del clausura del local.

La querella del fiscal de medio ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, recuerda al detalle la actuación en el caso de Jordi Parayre, gerente del distrito municipal de Ciutat Vella, y de Joan Carles Talens, jefe del departamento de licencias e inspección del distrito. Se les reprocha que durante siete meses "consintieron y toleraron la actividad ilegal y la contaminación acústica del pub Donegal", situado en el número 44 de la calle Nou de la Rambla.

El fiscal recuerda que el pub funciona ilegalmente desde sus inicios y que supera con creces los límites permitidos de emisión de ruidos. El local está abierto hasta las tres de la madrugada y ese hecho "ha perturbado gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica" de una familia de cuatro vecinos residentes en el piso situado encima del pub, dice el fiscal

La querella contra los responsables municipales, de la que no se conocen precedentes, se ha presentado unas semanas después de que la Audiencia de Barcelona diese la razón al ministerio público en un caso muy parecido, en el que el propietario de un restaurante fue condenado a cuatro años de cárcel por los ruidos emitidos por su restaurante.

El local donde está instalado ahora el pub Donegal había funcionado como bar restaurante, pero en abril de 2005 fue transformado en pub musical. De manera ilegal, dice la querella, porque carecía y carece aún de licencia de actividad del distrito. Para transformarlo en pub, su propietaria, María del Carmen Ahijado, instaló cinco aparatos de amplificación de sonido.

A los tres meses de funcionamiento, la familia afectada por los ruidos denunció los hechos al distrito de Ciutat Vella, explicando que el local no estaba insonorizado y que los ruidos causaban graves molestias. El distrito abrió expediente sancionador y el 30 de septiembre de 2005, dos meses después de la denuncia de los vecinos, se realizó la primera inspección. Las muestras constataron emisiones de 43, 43,50 y 43,70 decibelios, cuando el límite permidio entre las 8.00 y las 21.00 horas es de 35.

Medida desproporcionada

Tras la inspección, el distrito requirió a la propietaria para que insonorizara el local, pero ésta no hizo caso y los vecinos volvieron a denunciar los hechos en el distrito, solicitando la clausura y que se comunicaran los hechos a la fiscalía. El gerente y el jefe del departamento de licencias e inspección respondieron que esa solicitud era "totalmente desproporcionada y fuera de lugar", dice el fiscal.

Ante esa respuesta, los vecinos, asesorados por un abogado, acudieron a la justicia ordinaria para pleitar contra el Ayuntamiento por su inactividad y se personaron en la fiscalía el 29 de diciembre de 2005. Al conocer ese dato, los dos altos cargos municipales ordenaron que se volvieran a tomar muestras, comprobaron que el local seguía incumpliendo la ley y decretaron la clausura por primera vez el pasado 3 de febrero. La propietaria la incumplió, así como otros tres nuevos requerimientos en ese mismo sentido, e incluso rompió los precintos.

Mientras tanto, los vecinos acabaron afectados por un cuadro de insomnio y ansiedad que derivó en trastornos depresivos. Como la Administración municipal no ha podido, el fiscal pide ahora en la querella que sea el juez quien cierre el pub durante dos años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de julio de 2006