Profesores, profesoras e ideario

La situación denunciada en este mismo periódico sobre el colegio Madre Sacramento FASTA de Torrent nos lleva a hacer unas cuantas reflexiones en torno al ideario o carácter propio de los centros concertados.

Desde la Federación de Enseñanza de CC OO siempre hemos defendido un sistema educativo pluralista, integrador, nivelador de las diferencias, que no discrimine a nadie, y en el que nadie se sienta excluido. Por eso hemos mantenido siempre una postura reticente sobre el ideario de los centros, porque la gran mayoría tienen un propósito adoctrinador. Desde nuestro punto de vista no vemos inconveniente en proyectos educativos (podemos llamarlos idearios) basados en la educación en valores tales como la responsabilidad, la igualdad, la equidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la honestidad, la defensa de los derechos humanos... proyectos en los que todos y todas (profesorado, alumnado, padres, madres y el resto de componentes de la comunidad educativa) puedan sentirse reconocidos y, lo más importante, que no violenten las conciencias personales.

La legislación vigente reconoce a los titulares de los centros privados (concertados o no) la posibilidad de establecer el carácter propio, "que en todo caso deberá respetar los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes" (art. 115 de la LOE). Este carácter propio debe ser puesto en conocimiento de los distintos sectores de la comunidad educativa, los cuales, por su parte, deben respetarlo. Ni más, ni menos. Respetarlo.

La insistencia que han demostrado siempre determinados sectores defensores de la llamada libertad de enseñanza en el carácter propio de los centros trasluce la suposición de que éste constituye el elemento central de la educación. Según parece, una familia elige un centro educativo, y no otro, en función de su carácter propio, tras un estudio concienzudo del mismo. Si esto es así, un cambio significativo en el carácter propio de un centro debería ser abordado con mucha cautela porque puede modificar sustancialmente la orientación de la educación y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.

Esto es lo que ha ocurrido en el centro Madre Sacramento: los padres y madres eligieron en su día un centro de religiosas, con un carácter propio determinado, y de la noche a la mañana se encuentran con que el colegio es vendido, cambia de titularidad, y los nuevos titulares establecen un ideario con elementos castrenses de dudoso encaje dentro de un sistema educativo regido por los principios establecidos en el artículo 2º de la LOE, y de la propia Constitución. ¿Cómo encaja, por ejemplo, eso de "Escudero yo me llamo, escudero de la FASTA", o "Yo hago milicia en cada batalla, milicia de Cristo, milicia de FASTA", por citar algunos ejemplos recogidos en EL PAÍS del 20 de junio, con "la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos" (LOE, art. 2, apdo. c); "la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos..." (art. 2, apdo. e), o "la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad" (art. 2, apdo. b)?

Los padres y madres tienen, al menos teóricamente, la posibilidad de ejercer la libertad de enseñanza y cambiar a sus hijos e hijas de colegio, con todo lo que eso conlleva de trastorno para la familia entera.

Pero ¿qué puede hacer el profesorado del centro? Estas personas fueron también contratadas con unas condiciones, se comprometieron en su día a respetar el ideario inicial del centro, y de repente se ven inmersos en una situación que no respeta sus convicciones más íntimas, que violenta sus conciencias, cuando se ven obligados a adoctrinar a sus alumnos en unos principios y actitudes que no comparten en absoluto, o que sencillamente les resultan repugnantes. ¿Qué deben hacer? ¿Abandonar su puesto de trabajo voluntariamente, sin derecho a indemnización ni a paro, o abrazar con entusiasmo el nuevo ideario? Porque el mero respeto a tal ideario no les es posible. Esta situación es absolutamente insostenible para un docente. Un docente es una persona que debe transmitir valores, además de enseñar matemáticas o lenguaje. Y es imposible transmitir valores en los que uno no cree, o intentar educar en un ambiente en el que los valores impuestos son incompatibles con las convicciones personales. Es cierto que el reglamento de ese centro reconoce derechos a los profesores, entre ellos se mencionan dos que debe ser ciertamente complicado ejercer: el "libre derecho de la función docente en armonía con el carácter propio del centro", y "desempeñar libremente de acuerdo con el carácter propio del centro, el proyecto educativo y el reglamento de régimen interior, la actividad educativa...". Estos dos conceptos, la libertad y el carácter propio del centro, en ocasiones pueden ser muy difíciles de armonizar en la práctica.

Por su parte, y para complicarlo un poco más, el Reglamento reconoce también a los alumnos el derecho a que "se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas, morales o ideológicas de acuerdo con la Constitución, y su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones". ¿Cómo se lleva esto a la práctica? ¿Qué debe hacer un profesor si en clase le sale algún alumno disidente, que defiende, por ejemplo, el matrimonio gay, o profesa otra religión, o simplemente ninguna? ¿Debe el profesor respetar esa opinión, o debe intentar convencerlo de que eso es una aberración, teniendo en cuenta que una de sus obligaciones es "formar a sus alumnos transmitiéndoles los principios de la cultura católica"? Podría darse el caso de que ese docente, en el fondo, considere que ese alumno es un ejemplo de persona independiente, que tiene criterio propio, espíritu crítico y la valentía necesaria para defender sus opiniones en un ámbito hostil, en lugar de una pobre oveja descarriada que debe ser sacada inmediatamente de su error. ¿Puede ser sancionado el profesor no encauzar convenientemente al alumno, si la empresa considera que es excesivamente respetuoso con las convicciones del mismo?

Es evidente que así no es posible trabajar, y el resultado de esta tensión ha sido una cadena de bajas por depresión entre los profesionales del centro, más la completa desmoralización de todo el profesorado contratado con anterioridad a la venta del colegio.

Los docentes recién contratados no van a encontrarse con estos problemas, porque, según el reglamento para la selección del profesorado, los criterios son "los principios de mérito, identificación con el carácter propio, pertenencia a la propia institución titular, aptitud para asimilar el estilo que define el centro, titulación idónea y capacidad profesional y pedagógica" (nótese el orden de los factores: en último lugar, la capacidad profesional y pedagógica). Criterios que después se refuerzan mediante la formación permanente, cuya finalidad no es, como cabría suponer, la actualización profesional, pedagógica y didáctica, sino "asegurar la constante aplicación del carácter propio del centro".

Todo esto, que sería preocupante en cualquier caso, adquiere el carácter de alarma social si se valora que el fundador de FASTA mantuvo en su día unas excelentes relaciones con la dictadura argentina, y que es un ferviente admirador de Erich Priebke, ex presidente de la Asociación Germano Argentina y nazi declarado. Esto no dejaría de ser una anécdota si se mantuviera en el ámbito privado del fundador de FASTA, pero adquiere otro carácter cuando es manifestado públicamente en las reuniones de esa fundación, y lo convierte en un elemento central de su misión educativa.

Es grave que personas así dirijan un centro dedicado a la educación de los niños y los jóvenes, pero que además esté financiado con fondos públicos es un puro disparate.

Por eso, esperamos con impaciencia la actuación de la Consejería de Educación, y esperamos que no se quede solamente en las posibles irregularidades económicas. También nos gustaría mucho ver si la Iglesia, como defensora de la familia, adopta alguna postura respecto a este movimiento que le está haciendo tan flaco favor.

Pepa Ramis es secretaria de Enseñanza Privada de CC OO-PV.