Socialistas y liberales piden que la Eurocámara aclare el 'caso SWIFT'

El Parlamento debatirá el lunes sobre el espionaje bancario de la CIA

El Parlamento Europeo debatirá el lunes el caso Swift, después de que los socialistas anunciaran que aprovecharán el debate de una directiva sobre datos de transferencias financieras, el llamado informe Alvaro, para pedir explicaciones sobre lo ocurrido. Los liberales también han reclamado que se haga la luz sobre este caso "inaceptable", mientras los populares esperarán hasta el lunes para debatir qué hacer.

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Un informe del Banco Nacional de Bélgica (BNB) señala que los datos fueron proporcionados por la oficina de SWIFT en Washington. El Banco dice que no tenía poder para interferir en la petición realizada por un Estado soberano como Estados Unidos ni consideró que hubiera irregularidades denunciables ante sus propias autoridades.

"Es sorprendente que el Parlamento Europeo no haya sido informado sobre este caso mientras se discutía el informe Alvaro

[sobre datos del ordenante de una transferencia de fondos], que vamos a debatir y votar la próxima semana", dice Martine Roure, coordinadora del Grupo Socialista en la comisión de Libertades Civiles. "¿Que instituciones, a escala comunitaria o en los Estados miembros, sabían de esto? Todos estamos a favor de combatir el terrorismo, pero también hay que defender los derechos de los ciudadanos".

El presidente de esa misma comisión, el liberal Jean-Marie Cavada, califica de "inaceptable" todo el caso y dice que "exige una reacción fuerte de la Unión Europea y de sus Estados miembros".

Lo realmente ocurrido sigue envuelto en una penumbra que no permite por ahora determinar el alcance de las eventuales responsabilidades. Un comunicado del Gabinete del primer ministro belga, Guy Verhofstadt, anunció ayer la próxima remisión a su Parlamento de sendos informes de la Seguridad del Estado, de la Célula de Tratamiento de Informaciones Financieras y del BNB, de los que deduce que los datos "han sido transmitidos al Gobierno norteamericano para la filial de SWIFT" en Estados Unidos.

Verhofstadt ha pedido a su propia Administración "que compruebe si los intereses de determinados residentes en Bélgica han sido afectados y si la legislación belga ha sido respetada".

En su informe, el BNB dice haber sido puesto al corriente desde 2002 por SWIFT, sociedad radicada en Bélgica, de todas las peticiones de la Administración de George W. Bush dirigidas a su filial en Estados Unidos. El Banco indica que no intervino porque eran peticiones de un Estado soberano que no debían ser cuestionadas. "No había ninguna razón para dudar o verificar el fundamento jurídico" de la petición, dice el Banco, que considera que tampoco había razones para informar a las autoridades belgas de estas solicitudes.

SWIFT sigue evitando comentar, pero Marc Vandemeulebroke, un especialista en derecho financiero del bufete bruselense Lawfort, da por hecho que "el secretario del Tesoro ordenó a SWIFT que entregara los datos en aplicación de la Patriot Act", la maximalista ley antiterrorista que rige en Estados Unidos. "SWIFT debería haber buscado la protección de los jueces en Estados Unidos para que cuando se le reclamara en Europa pudiera alegar causa de fuerza mayor. Ahora va a tener un conflicto porque al aceptar lo que reclamaba Washington estaba violando las leyes europeas"

Desde Londres, Simon Davis, director de Privacy International, una sociedad que se dedica a vigilar por el derecho a la privacidad en todo el mundo, dice que va a pedir a la Agencia de Protección de Datos española, entre otras, que reclame información a la oficina de SWIFT en Madrid. "Sólo se puede enviar información a un país si hay un acuerdo previo y no es el caso. La Unión Europea ya sabe que en Estados Unidos no hay suficiente protección de datos", señala. "La actuación de SWIFT crea un agujero negro", añade.

El primer ministro belga, Guy Verhofstadt, ayer en Bruselas.
El primer ministro belga, Guy Verhofstadt, ayer en Bruselas.REUTERS

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 28 de junio de 2006.

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