Guatemala impide que el juez Pedraz interrogue al ex dictador Ríos Montt

La Corte Constitucional de Guatemala decidió ayer que el juez español Santiago Pedraz, que investiga el genocidio cometido sobre el pueblo maya entre 1978 y 1986, no pueda interrogar al ex dictador Efraín Ríos Montt. La decisión que concedía el amparo provisional a Ríos Montt fue adoptada por cuatro votos a favor y uno en contra.

La resolución supone la paralización definitiva del procedimiento hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre si las investigaciones españolas son constitucionales en Guatemala y ha reabierto viejas heridas entre las asociaciones de víctimas y los ex militares. Pedraz, al no poder interrogar al ex dictador, estudia adelantar su regreso a España.

La admisión de un recurso de queja de Ríos Montt fue respaldada por los magistrados Alejandro Maldonado, Roberto Molina Barreto, Gladys Chacón y Cipriano Soto; en contra votó Francisco Flores. La Corte se ha basado en una razón técnica para congelar el procedimiento: la Corte Suprema de Justicia debía de haber remitido al Constitucional un informe sobre los antecedentes del caso que ésta le había solicitado. El informe se remitió, pero incompleto.

El tribunal dictaminó además que todo el procedimiento instado en Guatemala por la Justicia española se debería haber paralizado cuando el ex dictador presentó su recurso de inconstitucionalidad, pero el juez guatemalteco Saúl Álvarez continuó las actuaciones.

"Somos juzgadores constitucionales y debemos quitarle el rostro a las resoluciones. Esto no es de fondo, sino de forma", dijo Molina para justificar su postura. Por el contrario, Flores declaró que no había habido violación de normas y que no existían circunstancias en las que fundamentar el amparo que se ha concedido a Ríos Montt.

La decisión ha sentado como un jarro de agua fría entre los miembros de la Comisión Judicial española, que se sienten burlados por las maniobras dilatorias de un ex dictador.

La Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que participó en una vigilia de apoyo a las víctimas frente a los tribunales guatemaltecos, afirmó que si éstos no asumen su responsabilidad, la justicia no funciona. Los dirigentes de otras asociaciones de víctimas calificaron la decisión judicial de "vergonzosa".