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Tribuna:

La voluntad en deuda

La actividad legislativa en el Parlamento vasco brilla por su ausencia en la presente legislatura. Señalar esto es, prácticamente, un lugar común a estas alturas. El tripartito, (PNV, EA,y EB) un Gobierno con bandera de conveniencia, demuestra que la construcción de marcos legislativos que hagan avanzar política y socialmente a la sociedad vasca, no es una prioridad para él.

Los desencuentros internos, los desajustes entre los partidos que lo conforman, las discrepancias y, a veces, la bronca, obligan a la ciudadanía vasca a vivir con un Gobierno que frena la actividad del Parlamento para evitar la visualización de sus incapacidades políticas.

Un buen ejemplo de todo esto es el proyecto de ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Parada desde hace más de siete meses, vacía de contenidos avanzados, alejada de las reivindicaciones principales de las organizaciones de la sociedad civil y ajena al juego de mayorías de la propia Cámara, ha sido condenada por el propio Gobierno vasco a quedar relegada al olvido.

La actividad legislativa en el Parlamento brilla por su ausencia en estos meses de la presente legislatura

El Ejecutivo vasco demuestra no querer activar una política de cooperación al desarrollo avanzada

El consejero del área, Javier Madrazo, ha dejado bien claro a todo el mundo en esta legislatura -al igual que en la anterior- que no está por una ley moderna, a la altura de un país con altos recursos y capacidades de gasto, como es Euskadi, para regular la dimensión solidaria de la sociedad vasca con los países en vías de desarrollo, sus inspiraciones y sus objetivos, sus instrumentos y sus recursos, sus mecanismos de control.

La condena a muerte de la cooperación al desarrollo en el Parlamento vasco contrasta de forma clara con la actividad del Congreso de los Diputados en todo lo relativo a esta materia. Dentro de la misma, y en los últimos meses, el Congreso ha querido sumarse de forma notable a la nueva política de cooperación inaugurada por el Gobierno en el año 2004, con la tramitación y debate de la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa.

Como sabemos, la ayuda oficial al Desarrollo de un Estado como el nuestro está conformada por los recursos destinados en los Presupuestos Generales del Estado, la cooperación descentralizada -recursos de, principalmente, comunidades autónomas y ayuntamientos- y las operaciones de deuda. Dentro de este último capítulo, la actividad del Gobierno central ha dado como resultado una cifra superior a los 500 millones de euros (83.000 millones de pesetas) condonados en dos años.

El modelo de condonación de deuda a cambio de desarrollo se ha convertido en una constante a lo largo de este bienio. La formula es sencilla: consiste principalmente en liberar créditos contraídos con España por terceros países por inversiones en prioridades de desarrollo en esos mismos países. Cuando la ley de deuda culmine su tramitación en las Cortes Generales y entre en vigor, éste o cualquier Gobierno futuro no podrá salirse de ese guión. No podrá condonar deuda por nada más que por desarrollo.

No podrá, por ejemplo, volver a hacer lo que hizo Aznar en la última etapa de su Gobierno; esto es, condonar deuda a los países que conformaron la Brigada Plus Ultra en Irak a cambio del envío de tropas.

Queda establecido, por tanto, un marco legislativo que vincula deuda con desarrollo, y operaciones de gestión de deuda con inversiones en desarrollo; que prima el tejido productivo local y que eleva los niveles de transparencia, control parlamentario e información pública, que establece dinámicas de armonización y corresponsabilidad y que parte de un amplísimo consenso en el Congreso de los Diputados.

En resumen, la política de condonación de la deuda española se orienta, con esta ley, hacia el esfuerzo inversor del país deudor en su propio desarrollo mediante estrategias de reducción de la pobreza y sobre las prioridades de desarrollo establecidas en el Plan Director de la Cooperación española.

En términos relativos, España es uno de los países más activos en materia de conversión de deuda por inversiones en desarrollo. Con el impulso de este proceso legislativo, queda convertido en ley lo que hasta ahora había sido una demostración de voluntad política.

De forma complementaria, la ley incluye un mandato al Gobierno central para que envíe al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de uno de los principales instrumentos generadores de deuda, el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Se pretende que, antes de que finalice la presente legislatura, éste se ajuste mejor a una nueva política de cooperación en claro proceso de modernización.

Con todo, hemos asistido a un gran paso de la cooperación española que ha sido, en este caso, fruto de la voluntad política de un parlamento unida a la ausencia de freno por parte del Gobierno a la regulación legislativa de sus políticas. El producto resultante es una ley situada por encima de todos los techos de regulación alcanzados en los países de la Unión Europea.

Grandes diferencias, como vemos, con un Gobierno vasco que demuestra no desae ni querer activar en el Parlamento el punto de salida de una política de cooperación al desarrollo avanzada, moderna y sometida al control de las fuerzas políticas y grupos sociales, regulada en su arquitectura legislativa y acorde con los recursos que nuestro país destina a la solidaridad internacional.

Aquí, como en otras cosas, el Gobierno vasco sigue muy lejos de los avances de otras administraciones en este tiempo político, y en clara deuda con la sociedad vasca.

Eduardo Madina es portavoz de Cooperación Internacional al Desarrollo del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario de Estudios Políticos del PSE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de junio de 2006