Problema de Estado

Acierta el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cuando dice que "el coste económico y humano de los accidentes de tráfico es insufrible". Así justifica el endurecimiento de castigos que se introducirán en la reforma del Código Penal: prisión para quienes conduzcan a 90 kilómetros por hora en vías urbanas, a 160 en carreteras de un solo carril y 190 en autopistas o a quienes se detecten 1,2 gramos de alcohol en sangre. La velocidad es el principal factor de riesgo de los accidentes mortales de circulación. Por tanto, es seguro que la propuesta contará con un amplio apoyo social. Si el Gobierno se propone atenuar la imprudencia con estas medidas y con el carné por puntos, que empezará a funcionar a partir del próximo sábado, 1 de julio, va en teoría por buen camino.

Hay que reseñar, sin embargo, algunas observaciones a esta nueva política de tráfico. El consumo de alcohol en los conductores, ciertamente, debe reprimirse con dureza, porque no existen otras alternativas que el tratamiento rigorista. Pero en el caso del exceso de velocidad, deberían explorarse otras fórmulas antes que la cárcel. Este Gobierno y los anteriores se han preocupado por elevar la dureza de las sanciones. Pese a todo, no se ha avanzado lo suficiente en disponer de los medios -radares, más agentes de tráfico, agilización de los trámites para cobrar las multas- para que todos los que vulneran el código de circulación perciban que sus infracciones serán registradas y castigadas. La espectacular disminución de los accidentes de tráfico en Francia y en otros países de nuestro entorno se debe no a la promulgación de normas más duras, sino a la aplicación de los medios tecnológicos y de personal para hacer cumplir las normas vigentes.

El cáncer de los accidentes de tráfico -más de 4.000 muertos cada año en España- se resolverá cuando adquiera la prioridad de "problema de Estado". Ello exige que haya culpabilización social del exceso de velocidad. Como es notorio, también hay que mejorar las carreteras y eso cuesta dinero. El Gobierno, además, debería elevar el conocimiento que se exige a un ciudadano para ponerse al volante. La enseñanza que se imparte en las escuelas de conducir es manifiestamente mejorable y, para rematar el desbarajuste, la renovación de los carnés de conducir -¡esos certificados médicos rutinarios y siempre favorables!- parece permisiva e inescrupulosa.