El agua es mía y yo me la gestiono

Entre Sevilla y Córdoba, el tren atraviesa campos de naranjos de una perfección casi artificial, encajados entre plantaciones de girasol, y olivos. Es el paisaje de la vega del Guadalquivir, fértil y luminosa bajo el sol de junio. En torno al gran río se concentran casi dos tercios de las tierras de regadío de Andalucía y cerca de la mitad de sus casi ocho millones de habitantes. Se comprende por eso que el Guadalquivir se haya convertido en el gran objetivo, la conquista primordial del nuevo Estatuto de autonomía que acaba de aprobar el Parlamento local, en el que se reclaman las "competencias exclusivas" sobre su gestión. ¿Sobre qué base? "Casi toda la cuenca está en nuestro territorio. El Guadalquivir es Andalucía", dice el consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías. "Y Andalucía no quiere ser menos que nadie".

"Es verdad que estamos en una escalada del absurdo", reconoce Boné

"La planificación debe quedar en manos del Gobierno central", dice Cimadevilla

La cuenca del Guadalquivir -como la del Duero- afecta a otras tres comunidades

Una frase que resume la filosofía de la nueva batalla de competencias emprendida por las autonomías españolas. Empezó Cataluña con un estatuto que pretendía blindar las aguas del delta del Ebro, le siguió Andalucía reclamando su Guadalquivir, y a paso acelerado viene ya Castilla y León, que quiere gestionar la cuenca del Duero (casi toda en su territorio), pese a ser un río internacional.

La lista no termina ahí. Aragón alega su condición preeminente en la cuenca del Ebro (casi la mitad) para asegurarse una provisión anual de 6.550 hectómetros cúbicos. Una cantidad nada despreciable si se considera que los recursos regulados de España están en 39.000 hectómetros cúbicos. También prepara sus razones Castilla-La Mancha para evitar que las aguas del Tajo puedan ir a otras comunidades sin su consentimiento. Por ejemplo a Murcia, donde el Segura ya no da más de sí, o a Valencia, que, en previsión de lo que se avecina, se ha adjudicado el derecho a recibir el agua que sobre a otros.

Pero por más que Valencia y Murcia reclamen excedentes, ninguna comunidad admite que le sobre el agua. Un líquido precioso y escaso en un país donde el desarrollo urbanístico salvaje y la afluencia de turistas (55 millones en 2005) ha disparado el consumo, y donde el aumento de los regadíos -se llevan el 80% del agua- ha hecho estragos en los acuíferos.

Son síntomas alarmantes de lo que ya se perfila como una guerra del agua entre comunidades que se va a dirimir en el Parlamento y en los tribunales y cuyo desenlace parece incierto. "Es verdad que estamos en una escalada del absurdo, donde cada comunidad autónoma la pone más gorda", reconoce Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente de Aragón, en conversación telefónica desde un congreso en Suecia. Pero hay razones para ello. "La legislación española es de hace 80 años. La política tiene que evolucionar, mucho de lo que gestionan las confederaciones podía quedar en manos de las autonomías", apunta este consejero, del Partido Aragonés (PAR).

Boné se refiere a las Confederaciones Hidrográficas, creadas a partir de 1926, para gestionar las cuencas de los principales ríos, y controladas por Medio Ambiente. De acuerdo con la Ley de Aguas de 1985 (varias veces retocada) y la Constitución, sólo las cuencas internas de cada comunidad pueden dejarse en manos del poder local. Las que afectan a varias autonomías quedan a cargo del Ejecutivo central, pero estos principios están amenazados.

No hay más que ver el nuevo Estatuto andaluz. "Es verdad que representa un paso más allá", reconoce el director general de Aguas, Jaime Palop, que soporta sin aire acondicionado el calor asfixiante de su despacho ministerial. Porque la cuenca del Guadalquivir -como la del Duero- afecta a otras tres comunidades. Por muy andaluz que sea el Guadalquivir, el río grande, como lo bautizaron los árabes, tiene afluentes extremeños (Yenguas, Bembézar, Viar) y castellano-manchegos (Jándula, Guadalimar) que nutren su caudal. En Extremadura, el presidente de la Junta, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya ha protestado porque no quiere a Sevilla mediando en sus asuntos.

El escollo que plantea el Duero, el río machadiano, cuya cuenca roza también Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, y hasta Madrid, está en su condición internacional. El río cruza Portugal antes de desembocar en el Atlántico. "No podemos ceder el control de una cuenca internacional", dice Palop. Tampoco lo reclama el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. "Nos limitaríamos a aplicar lo que acuerde Madrid, exactamente igual que ocurre con la PAC. El Gobierno negocia en Bruselas la cuota de remolacha y nosotros aplicamos el acuerdo".

Pero los ríos son más complicados que la remolacha. No hay más que ver el intercambio de acusaciones y de recursos judiciales de los últimos meses. Castilla-La Mancha contra los trasvases del Tajo al Segura aprobados por el Gobierno para salvar cultivos levantinos; Aragón contra el Estatuto valenciano por reclamar "excedentes" del Ebro; Castilla y León contra la ley que deroga el Plan Hidrológico Nacional por dejar en manos de Barcelona y Madrid el control de los caudales del Ebro.

Los sentimientos en el Ministerio de Medio Ambiente son ambivalentes. Por un lado, les preocupa fragmentar las competencias del agua, por otro, como dice Palop, resulta inevitable en las circunstancias actuales que las autonomías asuman estas competencias. Si se ha cedido ya la gestión de la política territorial, ¿cómo dejar fuera el agua? Es un detalle que no ha pasado desapercibido en Sevilla, que gestiona ya la cuenca del Sur y la Atlántica, a través de la Agencia Andaluza del Agua.

Juan Corominas, director de este organismo, reconoce que con los nuevos estatutos "cambia el modelo de la gestión del agua en España". Pero a él le parece que ya era hora. "Es un tema que debió abordarse en la transición. Las confederaciones ya surgieron como entes de desarrollo del país y la misión de Medio Ambiente era de coordinación. Pero el Gobierno se quedó con todo el poder. Andalucía tiene una presencia bastante nominal en la Confederación del Guadalquivir". Para llegar a su despacho, en uno de los antiguos pabellones de la Expo 92, en la isla de la Cartuja, Corominas cruza a diario el río. Un recorrido para meditar. "El agua está muy pegada al territorio, desde Sevilla estamos a la distancia justa para gestionarla", dice.

Pero, ¿no repercutirá todo esto en la planificación de la política hidráulica del Estado? ¿No puede ser antieconómico que se arruinen por falta de agua los cultivos de Murcia o Almería, mientras sobra en otras cuencas? Habrá que planear el desarrollo sobre la base del agua de que se dispone porque el Gobierno socialista ha descartado los trasvases. "Los dos intentos de plan nacional de redistribución del agua han demostrado que este criterio despierta susceptibilidades. Y ha dado como consecuencia la percepción de que el agua es escasa". Por eso, el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), que sustituye al PHN del Gobierno popular, hace hincapié en el ahorro del agua, en su reutilización y en desaladoras y desalobradoras.

Tal y como están las cosas, la comunidad que proponga un desarrollo urbano, o agrícola o industrial tendrá que explicar con qué agua va a conseguirlo, no podrá ponerse en una ventanilla y reclamarla el primero, como se ha hecho hasta ahora. "Otra cosa es que se creara algo así como un fondo de compensación interterritorial ligado al agua", dice Eugenio Nadal, que presidió la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en los ochenta. "Quizá cambiaría la perspectiva".

A Nadal le parece que las reivindicaciones de los nuevos estatutos no cambian la realidad, en la que es muy difícil afrontar infraestructuras hidráulicas sin contar con las autonomías. Pero será más complicado cuando los nuevos estatutos sean ley. Por eso, Palop pide prudencia. "Habrá que ver en qué queda todo cuando se debata el Estatuto de Andalucía en las Cortes".

El consejero andaluz Zarrías se cura en salud. "Lo que pedimos no es inconstitucional. Y si al final lo es, lo aceptaremos". Por más que reclame una gestión exclusiva, "no pretendemos quedarnos con agua de nadie". A Jorge Ramos, viceportavoz del PP andaluz, esta historia de exclusividad le suena "a maniobra electoral de Chaves. Porque la Constitución es muy clara. Se puede reclamar la gestión de las aguas, pero ninguna exclusividad".

El PP andaluz ha reaccionado con escepticismo al despliegue de esta nueva bandera identitaria, aunque no está en contra de asumir esas competencias, siempre que se haga en el respeto a la Constitución y sin lesionar los intereses de otras comunidades. Para Ramos, en todo caso, está claro que el Estatuto andaluz "es un antídoto para el Estatuto catalán. Por eso lo copiaron casi idéntico".

Pero las divisiones partidistas no han impedido que PP y PSOE se pongan de acuerdo para reclamar el control del agua en Aragón, en Valencia o en Castilla y León. En esta comunidad, el secretario general del PSCyL-PSOE, Ángel Villalba, ha dado su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo autónomo, pese a ser consciente "de que se trataba de poner un poco en aprietos al Gobierno". Pero los populares lo niegan. Lo que está claro es que unos y otros ven desfasada la actual legislación. "Las confederaciones son arcaicas", sentencia Fernando Benito, secretario de organización en el PSCyL-PSOE.

Juicios así inquietan a un experto como César Cimadevilla, que participó en las políticas hidráulicas de José Borrell en los noventa. "No me parece mal que las autonomías asuman competencias de gestión, y en casos como los de Andalucía y Castilla y León que tengan una representación mucho mayor en las confederaciones", dice. Pero hay un pero fundamental. "La planificación debe quedar en manos del Gobierno central. Y no debe romperse la unidad de cuenca. Fuimos pioneros en adoptar ese criterio que ahora ha asumido la UE". Sería grave que los españoles volviéramos a confundir lo moderno con lo que está de moda.