Hacer memoria
El Congreso ha aprobado finalmente la ley que declara al año presente como el de la Memoria Histórica, de acuerdo con una iniciativa presentada en su momento por Izquierda Unida con motivo del 75º aniversario de la proclamación de la Segunda República, en abril de 1931. Las modificaciones introducidas a última hora en el texto sometido a votación no impidieron que el PP votara en contra. Por su parte, el PNV y ERC se abstuvieron por considerar que esas modificaciones (sobre todo las referidas a la Transición) desfiguraban el sentido de la propuesta original.
Treinta años después del fin del franquismo existe un acuerdo general en considerar un acierto de la Transición el intento de crear un marco constitucional que no fuera resultado de la imposición de las ideas o creencias de una mitad de la sociedad española, con sus tradiciones y valores, contra la otra mitad, con las suyas. La Constitución de la concordia de que habla el PP lo fue precisamente porque permitía gobernar, como luego se ha comprobado, tanto a la derecha como a la izquierda, y en sus territorios respectivos también a los nacionalismos con arraigo social.
Sería lógico que la derecha actual admitiese como parte de una memoria compartida el intento de democratización que, tras la dictadura de Primo de Rivera, supuso la Segunda República, pese a que fuera fundamentalmente impulsado por las izquierdas y pese a su fracaso final. Un marco compartido implica asumir todas las tradiciones que convergen en la democracia, asumiendo su complejidad.
La derecha es muy libre de considerar inoportuna la iniciativa, por pensar que hay otros asuntos más urgentes o que no conviene reabrir heridas. Pero es incoherente hacerlo contraponiendo la tradición ilustrada que conduce a la Segunda República y se prolonga en la oposición al franquismo con los valores de concordia y pluralismo que encarna la Transición, pues para una buena parte de españoles son lo mismo. Que IU haya propuesto ahora una ley de reconocimiento de la República de hace tres cuartos de siglo significa que otros problemas que la izquierda había considerado hasta el presente más urgentes están resueltos o en vías de serlo.
Hay en todo caso una reparación pendiente: la del agravio que supuso para muchos españoles el que durante 40 años se considerase a la Segunda República no como una parte de la historia de España, sino como una desviación enfermiza de esa historia. La ley es una invitación al reconocimiento por todos, y no sólo por media España, de esa parte de la tradición democrática española. Nada más, pero nada menos.
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