"Los programas son una protección para las víctimas"

Vicente Magro es un pionero. El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante puso en marcha los programas de rehabilitación de maltratadores en mayo de 2004, meses antes de que se aprobara la Ley Integral contra la Violencia de Género. "La rehabilitación es una obligación constitucional, además de una protección para la víctima", asegura este magistrado.

Desde entonces, 250 personas han pasado por estos programas. De ellas, 200 en el último año, desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género. Prácticamente todos son "condenados a menos de dos años a los que se les suspende la pena a cambio de seguir un tratamiento de rehabilitación", explica Magro. A quienes dejan de acudir a la terapia, "se les envía a la cárcel", detalla. Eso ocurre "en el 15% de los casos".

Los programas, organizados por la audiencia en colaboración con la Comunidad Valenciana y la Diputación de Alicante, persiguen un cambio de conducta de los condenados por violencia. El primer paso es que "reconozcan su condición de maltratadores". "Ellos no se consideran como tales", afirma el magistrado.

El tratamiento, que suele durar en torno a un semestre, se imparte durante unas 40 horas. Basado en la terapia de grupo, está a cargo de equipos multidisciplinares (psiquiatras, forenses, trabajadores sociales...), detalla el magistrado. Se hace un "seguimiento individualizado" de cada asistente.

El presidente de la audiencia, cuya iniciativa rehabilitadora recibió críticas desde algunas asociaciones de mujeres, considera que la terapia implantada en Alicante es "un éxito". "Cerca del 80% asume su condición de maltratador", asegura Vicente Magro. "También se trata de evitar la reincidencia", concluye.