ETA menos 12

La detención en Francia y España de 12 (13, según otras fuentes) supuestos miembros de la red de extorsión de ETA ilustra las ambigüedades de la situación actual: existe un alto el fuego calificado de permanente, pero la propia banda lo ha considerado -en la entrevista con los encapuchados difundida hace cinco semanas- compatible con el derecho a financiarse mediante los procedimientos habituales, porque "la lucha de liberación continúa". Mientras Otegi opina que detener a los extorsionadores es un "ataque frontal contra las esperanzas de paz", el Gobierno se dispone a comunicar al Congreso el inicio de negociaciones con la banda, dando por cumplidos los requisitos establecidos para ello, es decir el convencimiento de que el alto el fuego es total e irreversible.

Se trata de negociar la retirada de una banda que, hasta que el proceso culmine, existe como tal, aunque con el compromiso de no actuar. Ello explica una cierta confusión, aunque no conviene exagerar. El Gobierno encontrará mayor comprensión en la opinión pública si explica claramente las dificultades aparecidas. Es evidente que los pronunciamientos públicos de ETA y su brazo político no concuerdan con la idea de una retirada irreversible y sin contrapartidas. Pero más allá de las declaraciones, los datos que se van conociendo de la investigación que llevó a las detenciones de ayer apuntan a hechos del pasado, anteriores a la declaración de alto el fuego del 22 de marzo. De hecho, la propia investigación llevaba dos años en marcha. En cualquier caso, la estructura del aparato de extorsión estaba plenamente operativa, y la explicación de que se trata de pagos correspondientes a cartas anteriores al alto el fuego no convierte en legítima esa práctica mafiosa.

ETA, imitando al IRA, ha considerado alguna vez que sólo eran acciones armadas las que se reivindicaban como tales mediante el correspondiente comunicado; las realizadas discretamente para financiarse se inscribían en otro apartado. Todavía es pronto, con los datos de la operación de ayer, para saber si estamos ante una pretensión de este tipo. Si así fuera, debe rechazarse con claridad. Los encapuchados también declararon que una condición para que el proceso avance es que "cese la represión", es decir que se haga la vista gorda ante prácticas delictivas. Una quimera imposible. ETA debería haberlo comprendido ya: las detenciones de ayer prueban que el Estado de derecho sigue funcionando y que no cabe esperar otra cosa del Gobierno, la policía y los jueces.

Sólo el Ejecutivo dispone de la información necesaria para saber si ha llegado el momento de iniciar el diálogo directo con la banda. Tal vez sea ése el ámbito en que deben aclararse las ambigüedades de la situación. Pero la claridad sobre los límites (no caben contrapartidas políticas) es condición para que el proceso iniciado pueda culminar con bien algún día.