La detención de la red de extorsión de ETA no varía los planes del Gobierno

Las policías española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, desarticularon ayer la red de ETA que recaudaba el denominado impuesto revolucionario. De los 12 detenidos, tres son miembros históricos de la banda. El Gobierno anunció ayer, tras analizar los datos de la operación, que el proceso de paz continúa. El seguimiento a los recaudadores de ETA permitió descubrir que la banda ordenó que cesara el envío de cartas a empresarios tras el alto el fuego.

La policía detuvo a siete personas en Francia y a otras cinco en España y efectuó 14 registros en Guipúzcoa, dos en Alicante y otros seis en Francia. Sólo halló una carta que acreditaba el cobro del impuesto en 2001. Los dos jueces ordenaron el embargo de bienes por un valor superior a 700.000 euros, entre ellos el restaurante de uno de los detenidos, un local donde hallaron 40.000 euros en billetes, y otros inmuebles presuntamente adquiridos con el dinero de la extorsión, según la policía. Además, bloquearon más de medio centenar de cuentas bancarias.

El seguimiento a los detenidos permitió descubrir en abril que la dirección de la banda había ordenado el cese del envío de cartas a los empresarios. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró: "Se trata de una investigación que comenzó hace dos años y no hay ningún dato significativo que impida continuar con el proceso de paz que el Gobierno seguirá desarrollando".

Junto al supuesto jefe de la red neutralizada ayer, Ángel Iturbe Abasolo, fue detenido Julen Madariaga, de 74 años, fundador de ETA en 1959 y ahora alejado de la violencia y en las filas de Aralar, la escisión de Batasuna.