La policía desarticula la red de extorsión de ETA con 12 detenidos en Francia y España

Las policías española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, y dentro de un equipo de investigación conjunto, asestaron ayer lo que puede convertirse en el mayor golpe contra la red de ETA encargada de gestionar y recaudar el denominado impuesto revolucionario de ETA en las dos últimas décadas en ambos países.

En la operación policial participaron a pie de asfalto tanto la juez Levert como el magistrado Marlaska -este último en el cierre de bar El Faisán, en Irún (Guipúzcoa), regentado por el arrestado Joseba Imanol Elosua Urbieta-. El golpe supuso la detención de siete personas en Francia y otras cinco en España. También se realizaron 14 registros en localidades de Guipúzcoa y dos en Santa Pola, Alicante, donde fueron arrestados dos personas, y otros seis registros domiciliarios en Francia.

Los registros en los domicilios de los detenidos tan sólo hallan un recibo del pago del impuesto revolucionario de 2001

Tres de las personas encargadas de la red de financiación de la organización terrorista son miembros veteranos de ETA

La operación, dirigida por la juez Levert y el juez Grande-Marlaska, culmina una investigación iniciada hace años

Ambos jueces ordenaron el embargo de bienes por un valor superior a 700.000 euros, entre ellos el restaurante de Elosua Urbieta, un local con mucho éxito, donde hallaron 40.000 euros en billetes, y otros inmuebles presuntamente adquiridos, según la policía, con el dinero de la extorsión. Además, bloquearon más de medio centenar de cuentas bancarias en entidades españolas y galas, al tiempo que investigan el origen de sus fondos.

El desenlace policial de ayer es fruto del trabajo de dos años del grupo conjunto hispanofrancés. La investigación tiene su origen en el sumario abierto en 1998 por el juez de la Audiencia Baltasar Garzón contra el chantaje terrorista etarra y que ya tuvo sus primeros resultados en marzo de 2004 con la operación contra ex directivos de la empresa navarra Azkoyen, acusados de pagar en noviembre de 2001 a ETA más de 222.000 euros.

Pero el dispositivo de ayer, iniciado de madrugada en España y al clarear el día en Francia, puede poner al descubierto el modus operandi de la red del impuesto revolucionario y de las inversiones etarras producto del mismo, una red que habría manejado en las dos ultimas décadas su supuesto jefe, Ángel Iturbe Abasolo, de 53 años, hermano del dirigente de ETA muerto en Argelia, Txomin Iturbe Abasolo.

Impuesto 'congelado'

Y puede también ayudar a esclarecer el origen de las cartas -unas de extorsión y otras pidiendo colaboración económica con tonos menos amenazantes- remitidas por ETA con fecha anterior al anuncio del alto el fuego el 22 de marzo pasado pero recibidas por sus destinatarios con posterioridad. Según las transcripciones de las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez y realizadas en marzo y abril a varios de los implicados en la red, la dirección había ordenado la "congelación completa de las actividades" de extorsión a partir del anuncio del parón terrorista. Esto abre la posibilidad de que las cartas de extorsión denunciadas en abril y este mismo mes por el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, en las que se exigían diferentes cantidades de dinero a empresarios en el País Vasco y Navarra (hasta 24.000 euros) puedan ser envíos incontrolados y al margen de las órdenes expresas de la dirección etarra que decidió el alto el fuego. De los registros efectuados ayer, la policía ha acreditado que sólo se ha encontrado el recibo reciente de un pago correspondiente a una carta enviada en 2001, según fuentes de la investigación.

Junto al supuesto jefe de la red neutralizada ayer, Ángel Iturbe Abasolo, fueron detenidos en Francia José Luis Cau Aldanur, de 63 años; uno de los fundadores de ETA en 1959 y ahora alejado de la violencia y en las filas de Aralar, la escisión de Batasuna, Julen Madariaga Agirre, de 74 años; María Cristina Larrañaga Arando, de 52 años; el veterano de ETA y uno de las dirigentes encargados del aparato financiero en los años 80, Eloy Uriarte Díaz de Gereñu, señor Robles, de 65 años; María Izaskun Gantxegi Arruti, de 62 años, y José Ramón Badiola Zabaleta, de 48.

La policía les atribuye las tareas de coordinar y canalizar la remisión de las cartas de extorsión y la intermediación con los empresarios tanto en el sur de Francia como en España. Los siete detenidos en territorio francés fueron trasladados a la comisaría de Bayona, el último de ellos Julen Madariaga. En las inmediaciones de la comisaría, un grupo de unas 40 personas y familiares protestaron por las detenciones. Las cinco personas acusadas de pertenecer al aparato de extorsión detenidas ayer en España son Joseba Imanol Elosua Urbieta, de 72 años; el más joven de todos los detenidos, José Carmelo Luquín Vergara, de 31 años; Jean Pierre Harocarene Camio, de 42 años; Ramón Sagarzazu Olazagirre, de 69 años; e Ignacio Aristizabal Iriarte, 59 años. Los tres primeros, según las primeras investigaciones policiales, están acusados de intermediar con los empresarios e industriales extorsionados por ETA

La policía española, dirigida por la Comisaría General de Información, y los agentes de la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial (SDAT), sucesora de la División Nacional Antiterrorista (DNAT), han trabajado operativamente en los dos últimos años de manera conjunta en el marco de uno de los cuatro equipos conjuntos creados entre España y Francia. En concreto, el dedicado a desbrozar el proceloso mundo del impuesto revolucionario de ETA y sus finanzas.

En España, el juez Baltasar Garzón abrió la causa en 1998, mientras que en Francia se judicializó al año siguiente de la detención de la cúpula política de ETA. El arresto el 3 de octubre de 2004 de Mikel Albisu, Mikel Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto, abrió las cortinas del entramado financiero de la organización terrorista. Uno de los datos sorprendentes que los investigadores franceses encontraron en el ordenador incautado a Anboto es la situación de números rojos que arrastraba la organización armada, lo que seguramente fue determinante para la oleada de atentados contra empresas en los meses anteriores al alto el fuego, y el meticuloso trabajo de contabilidad que Iparragirre realizaba del cobro de la extorsión y el que ella misma ordenaba llevar a los comandos. Pero sobre todo, los investigadores confirmaron el grado de penetración del chantaje y la cantidad de empresas, e industriales que habían cedido en todos esos años a las exigencias económicas de los terroristas.