La ONU traslada a Taylor a La Haya para que sea juzgado por crímenes de guerra

El ex presidente de Liberia Charles Taylor fue trasladado ayer a La Haya desde Sierra Leona para ser juzgado por crímenes contra la humanidad cometidos en las guerras que asolaron ambos países entre 1991 y 2003. Considerado el instigador de un conflicto que ha dejado cerca de 300.000 muertos, se le acusa de traficar con diamantes para armar al rebelde Frente Unido Revolucionario sierraleonés. Aunque el proceso tendrá lugar en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), el Tribunal Especial para Sierra Leona, patrocinado por Naciones Unidas para juzgarle, conservará sus competencias.

El apoyo de la ONU a esta operación quedó patente ayer cuando Taylor abordó un helicóptero de esta organización para ser trasladado al aeropuerto internacional de Lungi, al otro lado de la bahía de Freetown. Acompañado por el secretario del Tribunal Especial, así como por su jefe de seguridad y el primer oficial médico, Taylor tenía preparada una celda en la cárcel de Scheveningen (distrito costero de La Haya). La misma que alberga a los inculpados por las guerras de los Balcanes y donde falleció Slobodan Milosevic.

"Nos satisface que le vayan a juzgar en un lugar seguro como Holanda mientras nuestro país sigue construyendo la paz", dijo a modo de despedida Solomon Berewa, vicepresidente sierraleonés. Ben Bot, ministro holandés de Exteriores, se mostró por su parte "encantado de que por fin pueda fijarse la atención en un proceso que demuestra la voluntad de la comunidad internacional de no dejar impune el crimen".

El Reino Unido, antigua potencia colonial en Sierra Leona, facilitó una empresa a la que el Gobierno holandés se mostraba proclive siempre que Taylor cumpliera una eventual condena en otro lugar. De resultar absuelto, La Haya también pedía ayuda para que fuera sacado del país con las debidas garantías. El jueves, Londres anunció que acogería al reo en una de sus prisiones si había una condena firme. "Es una forma de demostrar nuestro compromiso con la justicia internacional", dijo la jefa de la diplomacia británica, Margaret Beckett.

Londres forma parte de los países que como España firmaron en su día un convenio para acoger en sus cárceles a los condenados por los tribunales internacionales. Desde el punto de vista jurídico, el cambio de sede territorial del Tribunal Especial para Sierra Leona no conculca norma alguna. La jurisdicción sigue en manos de sus jueces, que sólo ocuparán una sala distinta en la CPI cedida por motivos de seguridad.

La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU dio el paso decisivo para el viaje de Taylor al aprobar una resolución unánime en la que considera que su presencia en Sierra Leona podría desestabilizar de nuevo una región donde las heridas de la guerra aún no han cicatrizado. Un hecho cierto, pues Naciones Unidos mantiene una elevada presencia de cascos azules en Liberia y una oficina para la construcción de la democracia en la vecina Sierra Leona.

Por haber comprado armas para los rebeldes sierraleoneses se acusa a Taylor de 11 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad. A las mutilaciones, violaciones y uso de menores para la guerra, los fiscales añaden asesinatos, rapto, pillaje, esclavismo y castigos colectivos de civiles. Un pliego de acusaciones rechazado por el Partido Nacional Patriótico liberiano, que sigue llamándole "nuestro padre, que será retornado". Una opinión compartida por el ex presidente liberiano que abandonó su país en 2003 camino del exilio nigeriano al grito de "Volveré".

Tres años después y cuando tras una huida fallida a Camerún acabó escuchando en Freetown los cargos en su contra, aseguró que era imposible "haber cometido todos esos crímenes contra a república hermana de Sierra Leona".

En 1999 su declaración de inocencia fue más vistosa. Recordó su pasado de predicador laico baptista y rezó en público cuando la ONU le acusó de ser un pistolero que traficaba con diamantes. En la cárcel de Sierra Leona convivía con otros ocho reclusos que fueron sus enemigos en las guerras civiles de África occidental. En Holanda estará rodeado por civiles y militares enfrentados a su vez en la ex Yugoslavia.

En cuanto a la Corte Penal Internacional, investiga los crímenes cometidos en la República Democrática de Congo, la región sudanesa de Darfur y Uganda. En el primer caso, cuenta con un detenido, Thomas Lubanga, ex jefe guerrillero de la Unión de Patriotas Congoleños y acusado de reclutar niños soldado en Ituri. En Uganda, el primer imputado es Joseph Kony, responsable del Ejército de Resistencia del Señor y presunto autor de mutilaciones de civiles y secuestro de miles de niños. En el sumario de Darfur no hay aún orden de arresto.