El Ayuntamiento de Castellón revisará los pagos de impuestos de Lubasa

El Ayuntamiento de Castellón revisará todas las liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Obras y Servicios (ICIO) y la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos de los últimos cinco años con el fin de comprobar si todas ellas se ajustan a la legalidad que marca la normativa y la jurisprudencia. De esta manera, el PP accede a revisar los pagos efectuados por Lubasa después de que el grupo municipal socialista denunciara la existencia de "dos varas de medir" a la hora de cobrar estos impuestos. Según demostró el portavoz adjunto del grupo socialista, Miguel Alcalde, mientras que la constructora desgravaba hasta el 85% de ciertos epígrafes del presupuesto de las obras sobre el que se calcula el impuesto, el resto de promotores no lo hacían.

El equipo de gobierno del PP comunicó a los socialistas la decisión durante la comisión de Urbanismo de ayer. El responsable de este departamento en el equipo de gobierno, Javier Moliner, admitió que, en el caso de que se encuentre alguna liquidación que no se ajusta a lo permitido por la ley, se exigirá el pago de la diferencia. Moliner añadió que los servicios económicos del ayuntamiento ya están revisando las liquidaciones para analizar, "caso por caso", si la doctrina de las sentencias a la que se atribuye la legalidad de la desgravación se ajusta a los descuentos. En cualquier caso, sostuvo que no sólo se revisarán las de Lubasa, sino todas aquellas liquidaciones que no se hayan presentado sobre el 100% del presupuesto.

Para el portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio Subías, el anuncio "confirma nuestra denuncia de que se estaba cometiendo una grave irregularidad" e indicó que aunque "está bien que se comprometan a acabar con el agravio comparativo que suponía mantener dos formas de liquidar estos impuestos", con la revisión "no basta". Así, exigió que Alberto Fabra, como alcalde y como anterior concejal de Urbanismo, y Javier Moliner, como actual responsable, "deben asumir sus responsabilidades políticas y dimitir porque estamos ante un escándalo sin precedentes". "Han permitido que una empresa pagara menos impuestos de los que debía y han perjudicado las arcas municipales durante años", añadió. Por su parte, Miguel Alcalde añadió que "realizaremos un seguimiento riguroso de la revisión de los expedientes" y no descartó acciones judiciales "si nuestros asesores jurídicos, que están estudiando el tema, nos informan de que esta acción permitida por el Ayuntamiento de Castellón no sólo era irregular sino también ilegal".