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El Superior vuelve a respaldar la liquidación de las cámaras urbanas

El tribunal considera por tercera vez ajustada a derecho la decisión

Los responsables de la cámara privada de la Propiedad Urbana de Álava, la entidad que sustituye a la intervenida por el Ejecutivo, tienen sobre la mesa un reciente auto del Tribunal Superior de Justicia vasco que considera ajustado a derecho el decreto de liquidación de las mismas y rechaza suspender cautelarmente su aplicación. El auto, similar a los ya dictados relativos a las cámaras de Vizcaya y Guipuzcoa, sugiere a los recurrentes que se lean la jurisprudencia sobre el caso para no repetir planteamientos ya juzgados y rechazados.

Los autos del Superior sobre las demandas planteadas por los antiguos responsables de las tres cámaras se han dictado en febrero (Guipúzcoa), abril (Vizcaya) y junio (Álava). En los tres casos coinciden los argumentos jurídicos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del máximo tribunal vasco rechaza paralizar cautelarmente la aplicación del decreto de liquidación. Este texto fue aprobado el pasado 31 de enero, casi 12 años después de la entrada en vigor de un Real Decreto de 1990 -estuvo durante cuatro años paralizado judicialmente- que ordenaba la liquidación de las cámaras como corporaciones de derecho público y establecía los criterios para asumir su patrimonio e incorporar a la mayoría de su plantilla al sector público.

En este último auto, además, la Sala muestra síntomas de cansancio ante las reiteradas peticiones de los anteriores gestores de esos organismos y les detalla la lista de resoluciones en su contra para que sus letrados no vuelvan a pedir lo mismo otra vez.

El fallo considera que la única personalidad jurídica de las cámaras es la que les otorga el Derecho público. Extinguida esta situación, sus anteriores responsables no pueden pretender mantenerse como asociaciones voluntarias o recurrir judicialmente la vulneración de sus derechos.

Patrimonio

Esa opción ya fue rechazada en 2005 por los tribunales, cuando la entidad alavesa intentó poner en marcha el proceso electoral interno para renovar su junta de gobierno. La principal consecuencia de que los tribunales no acepten que en las anteriores cámaras convivía el Derecho público con la asociación voluntaria es que ello deslegitima a sus gestores para reclamar parte del patrimonio.

La actual situación es que las cámaras se hallan intervenidas por el Ejecutivo e inmersas en un proceso de liquidación de su personal y patrimonio.

El Gobierno, que ya ha empezado a prestar los servicios que antes cubrían las entidades, es quien decide qué parte del patrimonio se obtuvo cuando las cuotas de los socios eran voluntarias, y qué parte se logró cuando la pertenencia a las entidades fue obligatoria y la cuota tenía la consideración de una tasa.

Si en el momento del reparto del patrimonio sólo existiese una asociación nueva y privada en cada provincia, se quedaría ese patrimonio, cedido por el Gobierno. Por esa razón el PP sometió a la consideración de la Cámara el pasado viernes una proposición de ley en la que planteaba una única cámara por provincia. Ahora es factible crear nuevas asociaciones privadas de propietarios, como de hecho está sucediendo.

Judicialización creciente

La liquidación de las cámaras de la Propiedad Urbana se está judicializando, pero por razones diferentes en Vizcaya y Guipúzcoa, por una parte, y en Álava, por otra. En las dos primeras, el mayor interés es el patrimonio. En la segunda, los servicios.

Las viejas cámaras de la Propiedad prestaban servicio a los dueños inmobiliarios desde principios del siglo pasado. Quizá por ello se habían convertido en piezas clave en la defensa de los propietarios, también ante la Administración, con la que colaboraban en las fianzas de los alquileres, y discrepaban en los jurados de expropiación. Su forma jurídica era la de corporaciones de derecho público.

Casi durante tres cuartas partes del siglo XX, las cuotas de los propietarios eran obligatorias y tenían la consideración de tasa pública. El patrimonio de las entidades fue así creciendo. Sin embargo, su estructura apenas si se modernizó. En los casos de Vizcaya y de Guipúzcoa, una auditoría encargada por el Gobierno vasco relativa a los años 1999 a 2003, descubrió graves irregularidades. Ambas perdáin 1,9 millones de euros sobre un patrimonio de 17 millones.

Su actividad había caído enormemente, salvo en Álava, donde los servicios seguían a unos precios por debajo de los del sector privado y funcionando a muy buen ritmo. En Guipúzcoa, los servicios se cobraban como en el sector privado, con lo que se quedaron con poca actividad, pero mucho patrimonio. En Vizcaya y Guipúzcoa, la disputa más importante se plantea sobre el patrimonio correspondiente al pago de las cuotas voluntarias. La judicialización del proceso en ambas provincias se explica de esa manera.

En Álava, el interés está en los servicios. Las fuentes informantes señalana que la cámara privada se plantea demandar al Gobierno por prestar servicios para los que no está autorizado. Ya le ha demandado por intentar paralizar el cobro de las cuotas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de junio de 2006

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