Desbarajuste

La puesta en libertad de cinco supuestos atracadores pillados in fraganti cuando intentaban robar en una entidad bancaria de Madrid, presentados además por la policía como autores de hasta 15 atracos bancarios en los últimos meses, ha provocado la natural alarma en una sociedad fuertemente sensibilizada en todo lo referente a la seguridad ciudadana. Inicialmente, la juez de guardia se escudó en la fiscal del caso, que no pidió la prisión preventiva para los detenidos, al tiempo que la fiscal justificó su actuación en unas supuestas deficiencias del atestado policial. Pero lo que la sociedad ha percibido, puesto que ha tenido ocasión de ver las imágenes en un vídeo, es que el asalto a mano armada a una entidad bancaria y el intento de robo no bastan para meter preventivamente en la cárcel a sus autores, detenidos además con las manos en la masa.

El escándalo social ha sido tan mayúsculo que se comprende que el propio fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, haya querido tomar cartas en el asunto. También la vicepresidenta del Gobierno se refirió al lamentable suceso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros proponiendo una mayor coordinación entre jueces, fiscales y policías. Falta hace, pues es socialmente inaceptable que una banda de atracadores reincidentes pueda salir a la calle por una actuación judicial burocrática, agravada además por la falta de comunicación previa entre las fuerzas policiales que llevaron a cabo la operación y la fiscalía y el juzgado de guardia.

Aprovechando la existencia de un procedimiento abierto en un juzgado de Vigo, la fiscalía ha podido dar marcha atrás, solicitando la detención de los presuntos atracadores y su ingreso en prisión preventiva. Conde-Pumpido ha hecho bien en ordenar una rectificación en toda regla a la fiscalía de Madrid, pero ha hecho mal en abrir una polémica pública con la policía sobre supuestas deficiencias del atestado y la utilización mediática de la operación. Esa polémica no ayuda precisamente a reforzar la confianza de los ciudadanos en las instancias que tienen encomendada la lucha contra la delincuencia. Y, además, es manifiestamente parcial e incompleta. Lo grave es la actuación de la fiscalía. Es lo que hay que investigar, así como la incorrecta valoración superficial del atestado policial y la aparente despreocupación de la fiscal de guardia, que no asistió a la declaración de los detenidos ante la juez. El resto es corporativismo y rivalidades lamentables entre jueces y policías.

En todo este asunto resalta, además, la persistente descoordinación en el interior de la justicia penal, empeñada en seguir comunicándose entre sí mediante oficios y exhortos, mientras que los delincuentes lo hacen con la inmediatez de la informática ¿Cómo puede ser que un juzgado de Vigo lleve meses investigando a la banda detenida y que ningún juez de Madrid lo sepa? Es seguro que, de haberlo sabido, ni la juez ni la fiscal de guardia les hubieran dejado que se fueran de rositas.