El fiscal del Estado arremete contra la policía por el caso de los atracadores de Madrid

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cargó ayer con inusitada dureza contra la policía y la prensa por su comportamiento en el caso de los cinco atracadores que fueron liberados tras ser sorprendidos robando en un banco de Madrid. El fiscal acusó a las fuerzas de seguridad de una actuación "manifiestamente irregular". La Dirección General de la Policía y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicaron ayer mismo que la actuación policial ue "profesionalmente correcta" y que no quieren alimentar polémica alguna.

Conde-Pumpido, que asistió en A Coruña a la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, explicó, a preguntas de los periodistas, que el atestado policial fue elaborado con "serias deficiencias". Según su versión, los jefes policiales no informaron con antelación y "debidamente" a la fiscalía, "tal y como establece la normativa". "Cuando las cosas salen mal es porque han empezado mal y porque ha faltado la coordinación oportuna", argumentó. Conde-Pumpido afirmó que la Fiscalía de Estado, "de forma autónoma y sin influencia de ningún tipo", ha realizado "un esfuerzo interpretativo para forzar la prisión de los atracadores".

El máximo responsable del Ministerio Público informó, además, de que ha abierto una investigación sobre la actuación del fiscal de guardia para verificar "si es cierto que se omitió la presentación de determinados elementos probatorios, como el vídeo que luego se utilizó para lucimiento mediático". Conde-Pumpido censuró con dureza la "utilización mediática" del caso que, según él, "ha sido impropia de un Estado de Derecho". El fiscal general del Estado hizo una "seria llamada de atención" a la Dirección General de la Policía (DGP) para que adopte medidas a fin de que "un incidente de estas características no se vuelva a repetir jamás".

Réplica policial

Las declaraciones del fiscal general levantaron un enorme revuelo en el mundo policial, sorprendidos por la fuerte reacción de Conde-Pumpido y por que las haga públicas cuando la polémica estaba apagándose. La Dirección General de la Policía, en un hecho relativamente poco frecuente, hizo pública una nota de dos folios, en la que defiende que la actuación policial fue "profesionalmente correcta" y que con la difusión del vídeo de la detención y la nota de prensa sobre la actuación se limitó a informar a la ciudadanía, "como es su obligación y el derecho de los ciudadanos" y "como se hace diariamente".

La policía relata que las detenciones se hicieron en virtud de una orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo contra el grupo de atracadores, por los delitos de "robo, asociación ilícita, tenencia ilícita de armas y hurto de uso de vehículo de motor". Las actuaciones, añade, han sido llevadas por varias unidades policiales, que han estado "en contacto permanente con el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo y el fiscal de la misma ciudad".

La nota agrega que el titular de dicho juzgado ordenó volver a detener a los liberados "tras ser informado del riesgo de fuga por haberse hecho pública una instrucción [al respecto] de la Fiscalía General del Estado". La DGP agrega que todos estos extremos "figuran en el atestado policial", en el que se aportan "todas las circunstancias relacionadas con las actuaciones de los presuntos autores de los hechos, con todo tipo de detalles".

Supuestas negligencias

Replica, además, que el vídeo que toda España pudo ver con las secuencias de la detención estaba descrito "minuciosamente" y que tanto el juez como el fiscal de instrucción de Madrid deberían saber "que el vídeo y cualquier otro elemento en poder de la policía han estado a su disposición en todo momento". Aunque la policía, de forma verbal, asegura en todo momento que su intención no es polemizar públicamente con institución alguna, ya que tiene que mantener "estrechos lazos de colaboración", en la nota se dice de forma textual: "De la misma forma que no va a atribuir supuestas negligencias en la actuación de esas instituciones, es justo también reclamar un comportamiento recíproco por parte de las mismas", agrega.

El propio ministro Rubalcaba, durante la presentación de una nueva unidad contra el crimen organizado en Cádiz, terció en favor de la actuación de la policía e intentó bajar el listón de la polémica y contemporizar. Rubalcaba aseguró que analizará "el incidente" junto a la fiscalía general "para que no se vuelva a repetir", aunque subrayó que la policía "lo hizo bien". El ministro destacó que ambas instituciones mantienen "excelentes relaciones", que se seguirán conservando "en beneficio de los ciudadanos". "La policía hace permanentemente su trabajo en colaboración con jueces y fiscales", aseguró.

También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, evitó responder si la responsabilidad por lo sucedido es de la fiscalía o de la policía, afirmando que "en este momento, lo más importante es poner a disposición de los jueces a los delincuentes".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega afirmó que el Gobierno trabaja "para evitar que situaciones de esta naturaleza se vuelvan a producir, y para ello sin duda alguna es necesario incrementar los instrumentos de coordinación y de cooperación" entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló en RNE, por su lado, que el fallo de coordinación entre jueces y fiscalía en el caso de cinco delincuentes descubiertos in fraganti "se ha reparado". A partir de ahora, añadió, se investigará disciplinariamente, si procede, a quienes no hayan cumplido sus deberes adecuadamente. López Aguilar admitió que los "puntos oscuros y contradictorios" en los relatos de la policía, la fiscalía y los jueces son preocupantes, pero subrayó que lo importante es "reaccionar de forma inmediata".