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El PP exige que Interior aclare el choque entre fiscales y policías

El choque público entre la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Policía, con escasísimos precedentes en España, sirvió ayer al PP para exigir al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aclare las "graves acusaciones" de Cándido Conde-Pumpido. El secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, tildó la polémica de "descoordinación escandalosa entre los responsables de los ministerios de Justicia e Interior" y de "espectáculo igualmente escandaloso".

- Partido Popular. Para Astarloa, el ministro del Interior "tiene que responder y aclarar con toda urgencia las acusaciones gravísimas que ha realizado el fiscal general del Estado sobre la policía". Agregó que Conde-Pumpido puso ayer a la policía "a los pies de los caballos, acusándole incluso de ocultación de información a la fiscalía y de organizar un show mediático impropio del Estado de derecho".

- Sindicatos policiales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policías (CEP), tradicionalmente enfrentados, coincidieron en defender la actuación "impoluta" de sus compañeros, y reclamaron "mayor dedicación de los fiscales" en la persecución del delito. Conde-Pumpido, según la CEP, "quiere echar la culpa a la policía en lugar de reconocer las negligencias de la fiscalía. Eso es querer colocar una cortina de humo y trasladar sus negligencias o las de sus fiscales al Cuerpo Nacional de Policía". El SUP, por su lado, emplazó al fiscal general a leerse las diligencias policiales de cabo a rabo para que compruebe por sí mismo "que fue el juez de Vigo, que autorizó el registro, el que se expresa con toda contundencia, y más que una autorización dicta una sentencia".

- Asociaciones de fiscales. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Eduardo Esteban, declaró que "en la mayoría de los procedimientos penales hay plena colaboración de la policía con los jueces y fiscales, por lo que no debería haber espacio para el enfrentamiento, porque van en el mismo equipo". A su juicio, mientras a la policía "le basta una sospecha" para actuar, los jueces y los fiscales deben tener pruebas para condenar o dictar prisión. "Los jueces y fiscales tenemos por ley la obligación de defender las garantías, valorar si la prueba es suficiente, y eso es lo que hizo la compañera" de Madrid. "Tomó la decisión adecuada", agregó. En el mismo sentido se pronunció el portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García, que reclamó "más respeto para el trabajo policial, pero también de la Administración de justicia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de junio de 2006