Los obispos irán al Supremo si se cambia el estatus de sus docentes de religión y moral

El Gobierno y los obispos siguen sin encontrar una solución al conflicto de los profesores de religión y moral católica en la escuela pública. Ayer se escenificó el conflicto con cruce de declaraciones contradictorias. Por la mañana, el cardenal Antonio Cañizares,

vicepresidente de la Conferencia Episcopal y primado de Toledo, anunció que el episcopado había llegado a una "base de acuerdo" con el Ministerio de Educación para aplazar por un año, hasta el curso 2007, la aplicación de la disposición adicional 3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que mejora el estatus laboral del profesorado de catolicismo, y por la tarde el anuncio del prelado fue rechazado por el subsecretario del ministerio, Fernando Gurrea.

"No hay ningún tipo de acuerdo de demorar o de aplazar nada. Las leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación. Eso quiere decir que esa norma entró en vigor el 24 de mayo", dijo Gurrea. Más tarde fue la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien recordó, en declaraciones a EFE, que la disposición adicional 3 de la LOE recoge una serie de compromisos con los profesores de religión que "forman parte de la ley", es decir, que son ya irreversibles. Sin embargo, la ministra dijo que existe "un margen de búsqueda de acuerdos que sigue abierto".

Puntos de convergencia

El cardenal Cañizares había dicho que la Iglesia católica está dispuesta a recurrir al Tribunal Supremo si no se respetan los acuerdos de 1979 entre el Estado y el Vaticano. La ministra Cabrera, que comparecía en la Comisión de Educación del Senado, precisó que su departamento va a tratar "por todos los medios de encontrar puntos de convergencia con el máximo respeto" a todas las disposiciones de la LOE. El diálogo con los obispos continuará en una reunión a finales de junio y otra en julio, dijo.

Cañizares hizo sus declaraciones en una conferencia sobre Familia, educación y vida desde la fe en España, en el curso de verano de la Universidad CEU-San Pablo y la Fundación García Morente. La disposición adicional 3 de la LOE, que establece el régimen laboral de los docentes de religión, sostiene que su remoción se deberá ajustar a Derecho (básicamente, Estatuto de los Trabajadores), mientras que los acuerdos con el Vaticano delegan en los obispos la potestad de contratarlos o despedirlos, sin necesidad de motivar sus decisiones. Cientos de sentencias han condenado a la Administración y al episcopado por despidos sin causa, o justificados en que un docente se casó por lo civil, otro participó en huelgas legales o alguno ejerce la política en partidos de izquierda.

Otro motivo de conflicto es la asignatura alternativa a la religión. Cañizares dijo que el proyecto del Gobierno -Educación para la Ciudadanía, se llamará- "está inmerso en una ideología de género, en una ideología feminista", y que va "en contra del carácter de los centros católicos".