Pacto en Baleares
El PP y el PSOE han pactado finalmente la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares tras renunciar a una serie de exigencias que habían puesto en peligro su existencia antes incluso de que fuera enviado a las Cortes. El presidente del Govern, el popular Jaume Matas, había amenazado con retirarlo si no tenía garantías de la oposición de que el texto no se modificaría en el Congreso de los Diputados. Al final, ha primado la cordura entre los líderes regionales, que se han comprometido a resolver sus diferencias durante la tramitación en Madrid.
Baleares es la quinta comunidad que aprueba un proyecto de reforma estatutaria en la presente legislatura después del País Vasco, que no pasó el trámite de aceptación en el Congreso, y los de la Comunidad Valenciana, Cataluña, ambos ya aprobados en Madrid, y Andalucía, pendiente de discusión. El estatuto balear, que define a las islas como una "nacionalidad histórica", nace de este modo con un amplio consenso político, aunque con el rechazo de las minorías de izquierda y nacionalistas.
La creación precipitada de un consejo de autogobierno en Formentera -isla de 7.000 habitantes-, así como la fórmula para el compromiso de inversiones estatales por valor de 3.000 millones de euros en 10 años, que el PP defiende como compensación de la deuda histórica y los socialistas quieren ligar a la aportación de la comunidad balear al PIB estatal (2,5%), habían hecho crujir las negociaciones. Al final, la primera cuestión ha sido aprobada, mientras que la segunda deberá ser objeto de más ajustes.
El proyecto ha estado marcado por la estrategia cambiante de Matas. El Gobierno balear pasó de la falta de interés en la reforma a implicar a cientos de entidades. Mientras se debatía el Estatuto catalán, Matas no se cansó de reclamar una propuesta de máximos, idéntica y en casos superior a la de Cataluña, pero Rajoy hizo rectificar las tesis maximalistas. Para mitigar la marcha atrás, el presidente balear introdujo posturas que consideró innegociables, pero a las que ahora ha renunciado, como la de dotar a Baleares de un régimen especial similar al de Canarias, dudosamente aceptable en el marco de la UE. Las Cortes deberán ahora debatir, adecuar y refrendar el proyecto estatutario, con más ideas de futuro y menos requiebros partidistas.
