Estatuto catalán

La Generalitat no podrá seguir fomentando la participación al voto en el referéndum sobre el Estatuto catalán del próximo día 18 y deberá limitarse a informar sobre los datos técnicos de la votación, según lo acordado ayer por el Tribunal Supremo. El auto, adoptado con el voto discrepante de dos de los cinco magistrados de la sala, se ampara en el artículo 23 de la Constitución, según el cual el derecho de participación política "requiere la neutralidad de los poderes públicos". A buen seguro no satisfará a quienes consideran un contrasentido prohibir el despliegue institucional a favor de la participación ciudadana y tendrá consecuencias en ocasiones futuras.

En general, la campaña está discurriendo sin grandes tensiones. Sin embargo, resultan condenables los gestos de intolerancia de grupúsculos de nacionalistas radicales, así como los eslóganes partidistas contrarios a la ética como el del PSC contra el PP o los excesos verbales de algunos líderes populares, como el de Esperanza Aguirre alertando irresponsablemente del peligro de un "totalitarismo" nacionalista-socialista. Resulta también vergonzosa la agresión al dirigente de la plataforma Ciutadans de Catalunya, Arcadi Espada, el lunes cuando se disponía en Girona a intervenir en un acto. Espada, cuyo movimiento antinacionalista propugna el no, fue insultado con gritos de "fascista" y zarandeado por una veintena de extremistas. Ya en diciembre, el dramaturgo Albert Boadella, otro integrante de la plataforma, tuvo que soportar parecidos improperios, y el líder del PP catalán, Josep Piqué, se vio interrumpido en un mitin la semana pasada por otros intolerantes. Los partidos democráticos tienen su cuota de responsabilidad para acabar con tales desmanes. Esas actitudes exigen un rechazo sin tibieza por parte de todos, algo que hasta ahora no se ha visto. Sin contar con que el tremendismo verbal de unos y la frivolidad de la publicidad de otros es combustible que enciende los extremismos.