Las constructoras demandadas por Boliden dicen que es la "única responsable" de la catástrofe

Todas las constructoras demandadas por la multinacional Boliden, a las que reclama 248 millones de euros por la rotura de la balsa que causó el vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, dijeron ayer que la responsabilidad de la catástrofe corresponde "únicamente" a la propietaria de la balsa. Así lo manifestaron los representantes legales de tres de las empresas demandadas -Dragados y Construcciones (actual ACS), Intecsa y Geocisa- en el juicio que comenzó hoy en el juzgado de primera instancia número 9 de Madrid.

Boliden, según fuentes de su defensa jurídica, no se considera responsable de la rotura de la balsa minera que vertió a los aledaños del parque de Doñana millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados, cuya limpieza millonaria no concluyó hasta varios años después. Por ello, reclama 115.213.210 euros por los daños sufridos, más los 89.867.545 euros que a su vez le exige la Junta de Andalucía por los gastos de limpieza, así como los 43.724.737 euros que debe pagar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por una multa y en concepto de reposición del dominio público hidráulico a su estado anterior al accidente minero. El importe total asciende a 248.805.492 euros que la multinacional sueca intentará recuperar por la vía civil, una vez que los juzgados y la Audiencia de Sevilla archivaron en 2001 la denuncia penal abierta contra Boliden por imprudencia.

En la sesión de ayer, el primero en comparecer fue el responsable legal de Intecsa, Fernando Román, quien aseguró que su empresa se limitó a hacer, en 1977, un informe geotécnico para Boliden, en el que "se dejaba la puerta abierta a una serie de interrogantes" porque -recordó- el proyecto inicial debía ser "revisado" y "aclarar" lo relativo al apartado de la "agresividad tóxica". Pero esta recomendación, continuó Román, no aparece en el proyecto final que la empresa sueca presentó, a través del director del mismo, Juan Contreras, para conseguir el permiso de construcción, ya que la multinacional era la que tenía el "poder de decisión" y, por tanto, la "responsable de todo", precisó. "Alguna razón tendrían para omitirla (la recomendación). Algún temor tendrían porque eran responsables de poner lo que quisieran", afirmó Román, que concluyó: "No era nuestra obra. La obra no era nuestra responsabilidad".

El turno siguiente correspondió a Demetrio Ullastres, presidente de Servicios y Concesiones de ACS, quien coincidió con Román en afirmar que "sin el visto bueno" de Boliden no se podía construir la balsa y añadió que "nadie puso pegas" a la pauta inicial con la que se diseñó el proyecto. Ullastres consideró que el "documento oficial" que presentó Contreras para obtener el permiso de construcción "era su juguete" y aseguró que "ese proyecto no servía para construir" porque era un "resumen" en vez de un "verdadero proyecto".

El último que declaró ayer fue el responsable legal de Geocisa, José Polimón, que explicó que la relación laboral de su empresa con Boliden fue de 1996 a 1998, cuando la multinacional sueca les encargó un informe de estabilidad de la balsa, en el que -dijo- no estudiaron las filtraciones de agua ácida, aunque sí aconsejaron que "las tuvieran en cuenta". Añadió que nunca se llegaron a ejercitar las medidas que propusieron en su informe y explicó que en marzo de 1998 -un mes antes de que se produjera la rotura de la presa (25 de abril de 1998)- Boliden les comunicó que "estaban alarmados porque bombeaban más agua de los pozos" de lo normal. Por ello, continuó Polimón, un experto de Geocisa examinó la zona y preparó una propuesta de trabajo en la que proponía una "instrumentalización" adecuada, que fue aprobada por Boliden para empezar a trabajar a partir del 27 de abril, "desgraciadamente, dos días más tarde de la catástrofe", concluyó.

El juicio continuará el jueves con la declaración de los representantes de las compañías aseguradoras, Banco Vitalicio y Zúrich, y de la demandante Boliden.