China y el desafío ecológico

El 70% de los ríos contaminados, un tercio del territorio afectado por la lluvia ácida, 400.000 muertes tempranas al año por la polución del aire. Son algunas de las consecuencias del vertiginoso desarrollo experimentado por China en los últimos 25 años, que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero ha originado un grave deterioro medioambiental. Tras décadas ignorándolo, el Gobierno ha decidido atacar el problema y ha puesto en marcha una serie de medidas para invertir una situación que organizaciones ecologistas y expertos califican de "extremadamente seria". El desafío es enorme: a la magnitud del daño se une la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento de la economía y la dificultad de trasladar a las provincias y los gobiernos locales los dictados de Pekín.

Pekín quiere "mejorar la calidad del desarrollo" y hacerlo "más sostenible"

"La situación es cada vez peor. Existe grave contaminación del agua, del aire, del suelo e incluso de la comida como consecuencia del impacto medioambiental", asegura Sze Pang Cheung, subdirector de campañas de Greenpeace en China. "El Gobierno tendrá que destinar cuantiosos recursos y actuar con mucha determinación para detener esta tendencia, y luego darle la vuelta", afirma.

Según el Banco Mundial, la contaminación le cuesta a China entre un 8% y un 12% del producto interior bruto al año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asegura que el uso de fertilizantes por hectárea en China es casi tres veces más alto que la media global. La degradación medioambiental es particularmente seria en ríos, lagos y acuíferos. Más de 300 millones de habitantes de las zonas rurales no tienen acceso a agua segura, y cientos de miles sufren dolencias por consumir agua con exceso de flúor, arsénico o sulfato de sodio, según reconoce el Ministerio de Recursos Acuáticos. Incluso en ciudades como Pekín, la población bebe agua embotellada.

Dos tercios de los líquidos residuales urbanos no se tratan, y los vertidos tóxicos procedentes de fábricas, ya sea por accidente o falta de escrúpulos de los directivos, son frecuentes. El pasado noviembre, las autoridades de Harbin (capital de la provincia norteña de Heilongjiang) tuvieron que cortar el agua a la ciudad varios días, dejando sin suministro a millones de personas, después de que se derramara benceno en el cauce del Songhua como consecuencia de una serie de explosiones en una planta petroquímica situada río arriba. Menos de un mes después, un vertido de cadmio de una fundición, en la provincia sureña de Guangdong, obligó a reducir el suministro en más de 20 pueblos y ciudades.

Las fábricas y centrales térmicas ignoran a menudo las normativas medioambientales para reducir gastos, mientras otras empresas que disponen de equipos de tratamiento simplemente no los conectan. Los contaminantes acaban así en el aire, los ríos y el mar, lo que se ha convertido cada vez con más frecuencia en fuente de disturbios sociales. Cientos de campesinos se levantaron el año pasado en la provincia costera de Zhejiang para protestar contra la contaminación provocada por una compañía farmacéutica, que, según aseguraron, había arruinado sus cosechas.

"La situación es muy preocupante. Éste es uno de los costes gigantescos del rápido crecimiento que ha experimentado el país", explica Kang Wu, especialista en energía y medio ambiente en el Centro de Investigación Este-Oeste, en Hawai.

Tras décadas de desarrollo ciego y de mirar hacia otro lado, Pekín ha comenzado a afrontar el problema. Durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) celebrada el pasado marzo, el primer ministro, Wen Jiabao, afirmó que el crecimiento económico a cualquier precio no es aceptable y que la protección del medio ambiente será objetivo prioritario en los próximos años. Wen dijo que el Gobierno promoverá el "uso racional" de los recursos, la conservación de la energía y la reducción de las emisiones, que han convertido a China en hogar de siete de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El plan quinquenal para el periodo 2006-2010 aprobado por el Parlamento fija objetivos concretos, como la disminución en un 20% del consumo de energía por unidad de PIB, y el recorte en un 10% de la descarga de "los principales contaminantes". Se trata, asegura Pekín, de "mejorar la calidad del desarrollo" y hacerlo "más sostenible". El Gobierno afirma que para 2020 todo el país tendrá acceso a agua segura para beber.

Sze -el subdirector de Greenpeace- dice que el compromiso mostrado por las autoridades "es esperanzador, ya que se ha traducido en medidas concretas", pero añade que el Gobierno "debe hacer mucho más". "China ha crecido muy rápido y esto ha causado problemas medioambientales tanto dentro como fuera de sus fronteras. En el futuro, superará a Estados Unidos como mayor emisor de gases de efecto invernadero. Tiene que prestar más atención a esto", afirma. Wu coincide: "Los objetivos fijados por Wen Jiabao son buenos, pero insuficientes".

Pekín pretende cuadruplicar el PIB entre 2000 y 2020, y, salvo que pueda imponer cambios drásticos en los hábitos de consumo de energía, la gestión de las empresas y la mentalidad de los funcionarios locales y los empresarios, las metas fijadas pueden ser difíciles de alcanzar. "El problema puede estar en la implementación por parte de los Gobiernos locales", afirma Sze.

"China tendrá que sacrificar crecimiento a cambio de obtener una mejor calidad de vida. La cuestión es si está dispuesta a ello. Algunos gobiernos locales tienen regulaciones incluso más estrictas que las del Gobierno central pero, para la mayoría de las regiones, el desarrollo sigue siendo la prioridad número uno", señala Wu.

Mientras tanto, Pekín ha anunciado la imposición de un impuesto del 5% a los fabricantes de palillos de madera desechables, en un intento de frenar la desaparición de los bosques, y ha lanzado un mensaje claro para mostrar que la nueva política medioambiental afectará a todos los sectores. A partir de ahora, el Ejército tendrá que contar con un estudio de impacto medioambiental antes de edificar cualquier construcción o cuando quiera llevar a cabo maniobras militares. La orden ha sido dictada por el propio Hu Jintao, presidente del país y máximo responsable de la Comisión Militar Central.