Comienza el juicio contra Miguel Durán y otros ex accionistas de Tele 5

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza hoy las sesiones del juicio al que se enfrentarán el ex director general de la ONCE y ex presidente de Tele 5, Miguel Durán, y otros siete ex accionistas de la cadena por presuntos delitos fiscales supuestamente cometidos cuando se ocupaban de su gestión. Entre hoy y el miércoles, primeras fechas fijadas para la vista oral, las partes podrán presentar las cuestiones previas que consideren oportunas para un mejor enjuiciamiento de los hechos investigados.

La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación provisional 14 años de cárcel y multas de 103 millones de euros para el ex director general de la ONCE y ex presidente de Tele 5, Miguel Durán, por tres delitos continuados contra la Hacienda Pública, falsedad, otorgamiento de contrato simulado y administración desleal, que habría cometido cuando estaba al frente de la cadena. Los otros siete ex accionistas implicados se enfrentan a penas que oscilan entre uno y 10 años de prisión. Se trata de Santiago Muñoz Machado, Javier de la Rosa, Rafael Álvarez-Buiza y Ángel Medrano, Alfredo Messina, Juan Carlos López-Cid y Giovanni Acampora.

En el auto de apertura de juicio oral, el tribunal dejó la puerta abierta a que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi declarase como testigo, si bien recordaba que, como la acusación que había contra él se encuentra suspensa por su cargo pero no archivada, "deberán respetarse los derechos que exige esa situación procesal y, además, las disposiciones internacionales en atención a su cargo". En similar situación se encontraba el parlamentario europeo Marcelo Dell'Utri.

Constitución de la cadena

El escrito fiscal, presentado hace más de tres años, explica que Tele 5 se constituyó de la siguiente forma: un 25% lo adquirió Anaya, a través de Cecisa y registrando las acciones en Telefuturo; otro 25%, el grupo italiano Fininvest, propiedad de Silvio Berlusconi; el mismo porcentaje, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) -contratada por Durán-, a través de Divercisa; el 10%, Promociones Calle Mayor, participada por Ángel Medrano y Rafael Álvarez-Buiza, aunque los pagos los realizó Divercisa; y un 15%, el fallecido Juan Fernández Montreal.

A principios de 1990, surgieron discrepancias y el Grupo Anaya y Fernández Montreal decidieron abandonar la empresa. Acordaron con Miguel Durán que éste vendería ambas participaciones y les pagaría 6.000 millones de pesetas. En realidad, Durán vendió por ese importe sólo la participación de Cecisa a Javier de la Rosa, que representaba a Tibidabo. Del 15% restante, el 10% se lo quedó Divercisa y el 5%, Promociones Calle Mayor. Cuando De la Rosa se enteró del sobreprecio que había pagado, amenazó con hacer pública la operación, porque la compraventa no se había declarado y Divercisa superaba el límite legal de participación accionarial.

El fiscal también pide que los ocho imputados abonen, en concepto de responsabilidad civil, a la Hacienda Pública las cantidades que defraudaron. Las empresas utilizadas son declaradas responsables civiles subsidiarias.