De las urgencias a los tribunales

No hay en España un servicio hospitalario más auditado que las urgencias del Severo Ochoa de Leganés. Ni muertes tan estudiadas como las acaecidas allí en los últimos cuatro años. En el centro del debate que ha sacudido la sanidad desde marzo de 2005 está el empeño de la Comunidad de Madrid de trasladar al ámbito penal las discrepancias entre médicos en la aplicación de sedaciones terminales a enfermos moribundos.

Morir dignamente y sin dolor es un derecho al que mucha gente no tiene acceso. Un estudio de la Consejería de Sanidad de Madrid reveló que en 2004 sólo recibían cuidados paliativos en esta comunidad la mitad de los enfermos susceptibles de recibirlos. Parte de estas carencias tienen su origen en la falta de medios, pero la aplicación de sedaciones terminales también adolece de una regulación precisa y de la falta de consenso entre la clase médica, ya que hay médicos que no las aplican.

Dosis, fármacos y pacientes susceptibles de recibir sedaciones dividen a los médicos. Sedar a un paciente en coma, por ejemplo, es para muchos expertos, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y el destituido coordinador de urgencias del Severo Ochoa, Luis Montes, una práctica médica aceptable para aliviar la agonía de un paciente que, pese a estar en coma, sufre ahogos, convulsiones o vómitos. Para otros expertos, sin embargo, constituye mala práctica médica con el argumento de que un paciente en coma no sufre.

Dos denuncias anónimas, una en 2002 y otra en 2005, acusaron a los médicos de Leganés de cientos de asesinatos -o eutanasias activas- mediante sedaciones terminales. El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, (PP) dio verosimilitud y denunció a los médicos de Leganés ante los juzgados.

Desde la primera denuncia anónima sobre la actuación de los médicos de Leganés, la respuesta de las autoridades ha provocado la realización de siete informes de los que es posible sacar dos grandes conclusiones: que el debate médico no está resuelto, ya que según quién realice el estudio, la definición de lo que es la correcta práctica médica difiere en lo referente a la aplicación de sedaciones terminales. La segunda es la ausencia de implicaciones penales de las sedaciones. Ningún informe ha ido más allá de cuestionar las prácticas de los médicos de Leganés. Cuando los informes los ha visto una figura con autoridad legal (juez, fiscal o forenses), todos han descartado la existencia de delito, porque no se puede saber si un paciente terminal fallece por la sedación o por la enfermedad, que siempre estaba presente. Éste es un resumen de todos los informes realizados hasta la fecha.

CONSEJERÍA (2003) "Tratamiento digno del paciente terminal"

Tras recibir en julio de 2002 la primera denuncia anónima y poner en duda algunas sedaciones, la consejería de Sanidad, del PP, encargó a sus inspectores una investigación. Éstos avalan fármacos, dosis y pacientes sedados. No ven en ningún caso "objetivos distintos al de evitar al paciente sufrimientos". Los autores de este informe sí llamaron a los médicos para que defendieran sus decisiones. La consejería recibió el informe y olvidó la denuncia.

COMITÉ DE ÉTICA (2003) "Todos los enfermos cumplían los requisitos"

Tras el informe de la consejería, el propio Montes pidió al Comité de Ética de Getafe que analizase las sedaciones. El informe mantiene la posición de Montes en fármacos, dosis y pacientes susceptibles de ser sedados. El 1 de diciembre de 2003, el comité explicó que "la sedación a pacientes en situación agónica es una práctica moralmente correcta".

El comité, que envió un cuestionario a Montes, concluyó que "en todos los casos de sedación terminal, el paciente cumplía con los criterios adecuados [...] se respetaron los derechos del paciente y no existió mala praxis". El autor del informe, Miguel Casares, es además presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid.

Hasta el momento,

los médicos de Leganés no han sido consultados por nadie más, incluso después de un año de haber sido denunciados en público por Lamela ante los tribunales.

COMISIÓN DE MORTALIDAD (2004-2005) "Ocho sedaciones dudosas o no indicadas"

Un informe de la comisión de mortalidad del hospital, tras analizar 162 historias de los 211 pacientes fallecidos en 2004 en urgencias, critica que muchos "permanecieron demasiado tiempo en dichas dependencias", alguno hasta seis días. "Dicha área no es el lugar adecuado para el fallecimiento de pacientes cuya muerte es esperable pero no inmediata". El informe señala que algunas historias de urgencias no están completas y que no se puede decir con precisión si el tratamiento fue correcto.

El hospital creó una comisión de seguimiento para analizar las muertes de pacientes en urgencias. En esa comisión hubo 25 casos discutidos, de los cuales, en 17 la comisión criticó los fármacos y dosis usados y la aplicación de sedaciones en pacientes en coma.

CONSEJERÍA (2005) "No se puede afirmar o descartar mala praxis"

El 11 de marzo de 2005, Lamela relevó a Montes de Urgencias tras una nueva denuncia anónima. Al contrario que en 2002, Lamela aireó el caso y criticó a los médicos de su propia consejería -llegó a hablar de presuntos "homicidios imprudentes"-. Encargó un nuevo informe a sus inspectores. El informe, que tampoco consultó a los médicos, señala: "El contenido de las historias clínicas no permite poder afirmar o descartar la existencia de mala praxis".

Lamela envió el informe a la fiscalía, que redujo los casos sospechosos de 25 a 13.

CLÍNICA FORENSE (2005) "No se puede concluir que la sedación causase la muerte"

La Clínica Médico Forense de Madrid analizó los 13 casos que el fiscal le envió en junio de 2005 y concluyó que: "Es imposible deducir de las historias clínicas si un paciente fallece por su enfermedad terminal o por la medicación empleada en la sedación".

Los forenses consideraron que ocho de estas sedaciones estaban dentro la buena práctica médica y consideró dudosas las cinco restantes. En todos los casos, los forenses avalaron las dosis utilizadas y la combinación de tres fármacos. La fiscalía no encuentra, tras estudiar el informe, ningún indicio de delito.

'COMISIÓN LAMELA' (2005) "Hay 73 sedaciones irregulares"

Cuando Lamela vio que el fiscal rebajaba sus casos, nombró a dedo una comisión para revisar 169 historias clínicas de pacientes muertos en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005. Estos expertos, que tampoco hablaron con los médicos acusados, consideran que 73 sedaciones incumplían la buena práctica médica por utilizar fármacos no indicados, por usar dosis elevadas o por aplicar las sedaciones a enfermos en coma. La Sociedad Española de Epidemiología estudió este informe y destrozó la metodología utilizada. "Los datos no avalaban esas conclusiones", sentenció.

COLEGIO DE MÉDICOS (2006) "34 casos de mala práctica, pero sin causar la muerte"

Reticente de la actitud de la fiscalía, que eximía a los médicos de responsabilidad penal, Lamela cogió las conclusiones de la comisión Lamela y presentó una denuncia contra los médicos en un juzgado de Leganés, dejando así a los fiscales fuera de juego. El juez ordenó al Colegio de Médicos que creara un nuevo comité de expertos para estudiar los 73 casos destacados por la comisión Lamela. Este comité, cuyas conclusiones se conocieron el pasado viernes, reduce de 73 a 34 las sedaciones consideradas fuera de la buena práctica médica.

Sus autores son muy duros con las dosis -"peligrosas"- y combinación de fármacos utilizados y vuelve a cuestionar la aplicación de sedaciones en enfermos en coma.

El informe, sin embargo, concluye que no es posible establecer la relación directa entre sedación y muerte del paciente en ningún caso, aunque la considera probable en 11 casos.

"Por cada experto que diga que el tratamiento es incorrecto y que provocó la muerte, los médicos de Leganés podrán presentar a un catedrático que diga lo contrario. En esa situación, será muy difícil condenar a nadie", explican fuentes médicas próximas a la defensa.