La huerta no está en venta

"No hemos hablado de dinero con él y no queremos hablar. El alcalde no es un corredor de tierras". Quien lo dice es Aníbal de Limas, un agricultor de origen portugués que cultiva algo más de tres hanegadas (cada una son 832 metros) en la huerta de Alboraia. De Limas es uno de los miembros de la asociación Salvem l'Horta Vera-Alboraia, que agrupa a entre el 80% y el 85% de los propietarios afectados por los planes urbanísticos del alcalde de Alboraia, el popular Manuel Álvaro, que plantean trasladar la zona comercial que actualmente está ubicada en Port Saplaya a la huerta de Vera, y construir en la primera línea de playa una nueva marina y viviendas de lujo. Los planes afectarían en la huerta de Vera a una superficie de 400.000 metros cuadrados, 200.000 de los cuales irían destinados a la zona comercial y los otros a infraestructuras. Y el consistorio ha marcado un precio: 240.000 euros por hanegada para la zona afectada por el proyecto comercial y 210.000 euros para el resto de estos terrenos rústicos. Una parte significativa de los afectados insiste en que no es cuestión de precio, la huerta no está en venta.

La oposición critica los planes del alcalde y el oscurantismo con el que trata de concretarlos

"No hay ni un palmo que no esté trabajado", comenta Javier Balaguer, otro vecino de la localidad y propietario de 15 hanegadas. Y aunque haberlo, lo hay, como las meigas o como los propietarios que a un determinado precio estarían dispuestos a vender, las formas que ha utilizado el alcalde de la localidad de l'Horta Nord ha despertado una oposición rotunda entre los afectados. La asociación nace, insisten sus impulsores, en respuesta "a una agresión del ayuntamiento de nuestro pueblo". Más aún porque cuestionan que el proyecto sea de interés general para la población. "Creamos la asociación porque este hombre no ha respetado nuestro derecho a la propiedad", explica Aníbal de Limas. El agricultor insiste en el derecho que tienen a que se les respete el derecho a la propiedad como "dice la Constitución" y asegura también que alrededor del 60% de los propietarios son agricultores "y quieren seguir siéndolo". La condición "fundamental" para que el colectivo se siente a hablar (que no a negociar, insiste Javier Balaguer) es que el alcalde de Alboraia retire el proyecto que amenaza esa parte de huerta.

"Al final, queremos transmitir que somos una asociación creada para oponerse al proyecto que consideramos un atropello", resume De Limas, quien a renglón seguido añade que Salvem l'Horta Vera-Alboraia no va a coartar "la libertad de nadie" si quiere vender.

Los planes del Ayuntamiento, que gobierna con mayoría el popular Manuel Álvaro, se conocieron hace un año. El plan impulsado por el gobierno municipal, prevé el traslado de las superficies comerciales (Alcampo, Leroy Merlin y Norauto) ubicadas a la salida de Valencia, entre la autopista y el mar, a una bolsa de huerta protegida de 400.000 metros cuadrados, la mayoría en producción. En los terrenos liberados, una sociedad mixta formada por la empresa municipal Egusa -que tiene unos 80.000 metros cuadrados en propiedad en la zona-, la constructora Astroc y los Lladró, promueven la construcción de un complejo residencial de 800 viviendas y la ampliación del puerto deportivo de Port Saplaya. Y desde que se conocieron estos planes, los agricultores han mantenido un pulso dentro y fuera de los tribunales hasta el punto de que un juzgado ha tumbado el concurso para la selección de promotor y suspendido cautelarmente toda actuación de la sociedad mixta en el PAI residencial de esta zona costera.

Pero las gestiones no cesan. El alcalde Manuel Álvaro entregó el pasado 11 de mayo una oferta a unos 30 o 40 (la plataforma Salvem l'Horta Vera-Alboraia no acudió) de los 120 propietarios afectados de l'Horta de Vera, donde está previsto que se traslade el complejo comercial, explica el edil, y les ha dado de plazo hasta el 12 de junio para que le respondan. "Dimos una serie de alternativas y no vamos a entrar en un regateo", dijo el alcalde. Álvaro, que necesita unos 144 millones de euros para comprar los cerca de 400.000 metros cuadrados de la zona afectada, presenta como respaldo financiero la participación de Egusa en el proyecto residencial de Port Saplaya.

La planificación urbanística proyectada por el PP llega más lejos. En la solicitud de concierto previo presentado por el gobierno municipal de Alboraia a la Consejería de Territorio, Álvaro pretende reclasificar un millón de metros cuadrados de huerta protegida al sur del barranco del Carraixet y respetar la protección de otros dos millones de metros cuadrados de huerta, al norte del barranco, para, según dijo Álvaro, unirla a la de los términos vecinos de Almàssera y Meliana y convertirla en paraje municipal protegido. Así se lo permite la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) aprobada esta legislatura. El edil popular insiste que esta porción de huerta al sur del Carraixet se ocuparía el mínimo posible y en el cabría un proyecto como Sociópolis, pero mejorado, conservando incluso áreas de huerta. La polémica sigue en el que está considerado como único pulmón verde al norte de Valencia. "Se puede discutir o no [el proyecto], pero sería más contraproducente trasladar Alcampo al norte del Carraixet".

La oposición, mientras tanto, cuestiona los planes del alcalde y, sobre todo, se muestra escandalizada por que ni el concierto previo ni la actividad de Egusa ha pasado por el pleno. "Nada pasa por el pleno", asegura el socialista Enric Riera, que critica que ningún grupo de la oposición participe de las decisiones del consejo de administración de Egusa. "Se está intentando hacer todo desde la sombra", añade Riera.

Otro aspecto que se dirimirá en el juzgado refiere a la modificación de los estatutos de Egusa, empresa municipal que está previsto que participe en el proyecto de Port Saplaya y cuyos estatutos el alcalde de Alboraia adaptó sobre la marcha a tal fin.