El paro estudiantil en Chile pone a prueba al Ejecutivo de Bachelet

La huelga de unos 800.000 estudiantes de enseñanza media y universitaria, que piden mejoras en la calidad de la educación para los más pobres, alcanzó mayores bríos en el segundo día de movilizaciones en todo el país, con cientos de liceos, colegios y sedes académicas tomadas. Mientras, continúa el diálogo entre los dirigentes del movimiento, chavales de 15 a 17 años de edad, y las autoridades para resolver el conflicto. De momento, ya ha sido destituido un alto cargo de la policía por la excesiva violencia usada contra los manifestantes.

La policía militarizada de carabineros detuvo el martes a 730 estudiantes y empleó carros lanza-aguas, gases y bastones para reprimir marchas no autorizadas aunque pacíficas, que intentaban llegar a la Alameda, principal avenida de Santiago. Los estudiantes replicaron arrojando piedras, levantando barricadas e interrumpiendo el tráfico. En los enfrentamientos 17 personas resultaron heridas, nueve de ellas policías y tres periodistas, brutalmente golpeados por los carabineros frente a las Cámaras. Tres escolares afirmaron haber sido vejadas en una comisaría y han anunciado acciones legales. El presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, denunció que el cuerpo de carabineros actuó como un "lumpen uniformado" y dijo que presentará querellas.

El Gobierno y la Jefatura de la Policía reaccionaron molestos frente a la violencia de las fuerzas de seguridad contra los adolescentes y los periodistas. Después de dar explicaciones a la presidenta, Michelle Bachelet, en La Moneda, el general director de Carabineros, José Bernales, anunció a la prensa la remoción del prefecto a cargo de la policía militarizada, coronel Osvaldo Jara, y el inicio de un sumario contra los implicados directos.

"Demandas justas"

"No aceptaremos hechos reprobables como la [represión de carabineros] que hemos visto todos los chilenos", afirmó Bachelet, y reconoció que las movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas. Bachelet manifestó su esperanza de llegar a acuerdos sobre peticiones que consideró "justas y legítimas", poco antes de que se iniciara el segundo día de diálogo entre los estudiantes y el ministro de Educación, Martín Zilic.

Los dirigentes de este movimiento, que ha desatado la mayor protesta social desde la recuperación de la democracia, en 1990, demandan la gratuidad del importe del transporte para los estudiantes en la enseñanza media y de la prueba de ingreso a la universidad, a lo que el Gobierno está dispuesto a ceder en parte.

También piden que se modifique la jornada escolar, que se amplió en horas de enseñanza pero sin contar con que los recursos económicos no serían suficientes, algo que ya se nota en el nivel académico, sobre todo en los colegios más pobres. También piden la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la última legislación que promulgó la dictadura, que establece el predominio de la economía de libre mercado en la educación.