Mi euro, ¿dónde estará mi euro?

Era de prever que el feo asunto de Terra Mítica iba a traer cola, no solo por las sombras que registra la construcción y gestión del parque, sino por la sospecha, cada vez más próxima a convertirse cuanto menos en indicios, de que en ese asunto hay quien ha pasado la boina y existen al menos fantasmas de "cajas B", no siempre y no necesariamente de mercantiles. La cuestión principal, como es obvio, es de la de los sobrecostes y los pagos por obras no realizadas y servicios no prestados, donde hay un doble fraude: a los accionistas de la sociedad, esto es a las dos grandes cajas valencianas y a la Generalitat, y a los contribuyentes, en este último caso por partida doble, ya que a la postre se defrauda a quienes pagamos religiosamente nuestros impuestos cuando algunos no pagan los suyos, y se defrauda a los contribuyentes valencianos porque una parte de nuestros recursos se ven desviados al ser nuestro gobierno uno de los accionistas de la sociedad víctima de tan brillante actuación. Al lado de ese problema, que es el principal, la de si Pepito o Juanito han "picado" en la suculenta tarta es, a la postre, cuestión de segundo orden, cuestión menor. Desde la perspectiva particular, esto es la del pagano, la cuestión fundamental es: "¿Qué se ha hecho de mis euros?".

Porque si algo ha quedado claro, en particular en las declaraciones de prensa del empresario desmentidor, que a la postre nada sustantivo desmiente, y todo lo importante confirma, es que en esta historia chorizos haylos. Y habiéndolos nos hallamos en las proximidades de un libro muy poco amable denominado Código Penal. Como, se diga lo que se diga, los hechos son tozudos no me parece que la estrategia de matar al mensajero tenga muchas posibilidades de éxito, asi que algunos harían bien en no marear perdices, especialmente cuando no las pueden cazar, hay veda, y atender mas bien a la cuestión: como torear el morlaco que se nos viene encima. Por eso me parece muy poco inteligente cargar contra el servicio postal, en lugar de llamar a los artificieros a fin de evitar que estalle la bomba que por correo nos ha llegado.

Dirigirse contra los mensajeros (señores Camarasa y Such) es un error, y lo es por múltiples razones: primero, porque cualquier hijo de vecino tiene perfecto derecho a grabar sus conversaciones, tanto si el interlocutor lo sabe como si no, podrá parecer mejor o peor, educado o ineducado, pero derecho, lo que se dice derecho, lo tiene todo, al menos eso es lo que dicen el Derecho y los Tribunales, y siendo eso así cualquiera puede grabar sus conversaciones en cualquier parte, esto es en todas; segundo, porque si en las conversaciones grabadas hay imputaciones gravosas contra un tercero (se le imputa un delito, pongamos por caso), el responsable legal de las mismas es quien las hace, no quien las graba, y si de ello se siguiere delito el delincuente es quien injurió o calumnió, y no quien dispuso el magnetófono: el responsable del mensaje es el autor, no el mensajero; tercero, porque si alguien tiene conocimiento de que se ha cometido, o puede haberse cometido un delito tiene el deber legal de denunciarlo y no hacerlo no está precisamente bien visto por el antipático libro de que se ha hecho mención; cuarto, porque en habiendo notitia criminis esta puede ser cierta o no, pero eso se sabrá después de la denuncia, y lo tendrá que determinar aquel a quien corresponde decir si hay pruebas válidas y bastantes para proceder, es decir, el juez; quinto, el mensajero solo podría delinquir si la notitia criminis fuere inventada y el inventor fuera él, pero ese no es un supuesto de calumnias o injurias (el mensajero porta el mensaje, no lo hace) sino otro muy distinto: el de denuncia falsa, por el que, por cierto, nadie ha accionado.

A la postre todo eso no pasa de ser anecdótico, y aun superficial, porque la cuestión fundamental no es esa, la cuestión importante es que hay algo más que indicios de que en el asunto del parque benidormí se ha producido un más que abultado fraude fiscal, que tirando del hilo del fraude fiscal se ha venido a detectar un tinglado de facturas infladas y algunas sencillamente falsas, que por esa virtud han salido de las arcas de la sociedad cantidades muy considerables de dinero en perjuicio de los accionistas, que esos accionistas son instituciones financieras públicas, que a la postre todos sostenemos, y nuestro gobierno, al que todos nosotros pagamos, que esos accionistas y administradores no se han enterado hasta ahora de la película, por lo cual me parece que empieza a ser hora de que se produzcan dimisiones y cambios en los correspondientes órganos de gestión, de una gestión que está, a lo que se ve, muy lejos de la tópica del cuidado del buen padre de familia, y que, por una vía u otra, somos los contribuyentes los que tenemos que cargar con el perjuicio, bien sea via fiscal o vía precios, comisiones o tipos de interés. Al lado de eso quienes sean los portadores de la boina donde han ido a parar los fondos me parece secundario. Estamos ante lo que tiene toda la pinta de una operación cuidadosamente planificada mediante la cual algunos han robado a los contribuyentes una parte de sus fondos, y alguno de esos euros que alguien no ha puesto debiéndolo hacerlo lo he puesto yo. Mi euro ¿dónde estará mi euro?

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.